En términos actuales, una dinámica perversa en gran medida propiciada por el liderazgo universitario, pareciese haberse instalado en aquellos centros de estudios superiores que eligen sus autoridades rectorales. A manera de hipótesis, las elecciones en la Universidad Central de Venezuela, UCV, constituyen un componente adicional al círculo vicioso que se traduce, quiérase o no, en un marco de deterioro institucional donde el sufragio dejó de ejercerse y la continuidad “obligada” de una gestión administrativo-académica, provisional y limitada, es posible que no discurra con la motivación propia de un período de gestión normal, cuya inercia pesa en los resultados.
Un capítulo singular este, el de las elecciones universitarias en ésta época, nada predecible dentro del continuo y una tradición secular conocida que se inaugura con la creación de la primera universidad republicana, la UCV, en el año 1827, por Simón Bolívar. Antes, durante la colonia, el modelo existente en América Latina y Venezuela, fue la universidad real y pontificia, tutelado por la Iglesia y la Corona, a cuya competencia estaba librada la designación de las autoridades.
Los Novísimos Estatutos Republicanos consagraron un modelo, que al igual que el anterior, al servicio del poder instituido, en el caso de la naciente república, pretendía estar al servicio del proyecto nacional que se instaura; contrariamente al postulado ingenuo que sustentó durante largo rato la tesis de la neutralidad de las instituciones.
Para la época citada, el claustro universitario representará el mecanismo mediante el cual se pone en práctica el derecho de elegir, es decir, se instituye un procedimiento revolucionario, en el marco de la transformación universitaria que se acomete.
El largo y casi interminable período de oscuridad que significó para el desarrollo nacional el lapso 1830 -1958, al final alumbró con la reinstalación del sistema democrático y, particularmente, la promulgación de la Ley de Universidades, el 5 de diciembre de ese año. Se consolidaba el proceso de elección en las universidades existentes, denominadas autónomas. (UCV, ULA, LUZ y UC), por obra y gracia de la Junta de Gobierno presidida por Edgar Sanabria y de Rafael Pizani, Ministro de Educación, en un momento estelar, pero fugaz, de la vida democrática del país. Tempranamente, los padres fundadores del sistema bipartidista congelaron las elecciones limitándolas a las casa de estudios superiores mencionadas, y creando las universidades “experimentales” para ensayar el nombramiento “a dedo” de las autoridades rectorales.
Por vía excepcional, la UDO obtuvo el derecho al sufragio. El resto de las universidades experimentales tuvieron que esperar que la UCLA conquistara, vía democratización, mediante reglamento dictado por el Ejecutivo, el referido derecho, incluso bajo la forma de reelección, figura esta no contemplada en la Ley de Universidades vigente. En las últimas décadas creció el número de instituciones tanto en la IV como en la V república, en medio de una política antidemocrática, sin derecho a elegir autoridades.
Antes de la aprobación de la actual Ley Orgánica de Educación, el 15 de agosto de 2009, las elecciones rectorales transcurrieron normalmente. A partir de esa fecha, el 10 de octubre de 2009, se introduce ante la Sala Constitucional un recurso de nulidad que da inicio a un círculo vicioso. Los Consejos Universitarios designan las Comisiones Electorales. Se llama a elecciones, pero con base en la Ley de Universidades, desconociéndose lo establecido expresamente en la LOE, en materia de sufragio. En demanda de sus derechos, sectores de la comunidad impugnan el proceso solicitando su inclusión en el listado electoral en condiciones de paridad. La Sala Electoral del TSJ se pronuncia repetidamente, con el mismo formato, ordenando la modificación del reglamento electoral para adaptarlo a la nueva legalidad, y la realización de los comicios, en términos perentorios. Se prorroga el mandato de las autoridades en condiciones de una provisionalidad que, con toda seguridad por razones también electorales, se extenderá hasta el 7 de octubre de este año, mínimo. Mientras tanto, hay un desacato generalizado, los magistrados ven para otro lado y nadie se acuerda de la transformación universitaria.
