La dirigencia de la Causa R en el estado Lara considera que existen al menos cinco factores cuyo análisis permite determinar que en la entidad se lleva una política de desestabilización, destinada a afectar de forma negativa la gestión del gobernador Henri Falcón.
El reemplazo de la Fundación para el Desarrollo de Centroccidente (Fudeco), dedicada a impulsar proyectos de planificación, por la Corporación Jacinto Lara, receptora de recursos del Gobierno nacional, bajo el control del exgobernador Luis Reyes Reyes; es considerada como una de las primeras señales del objetivo desestabilizador, por cuanto sus recursos «serán destinados a la campaña por una nueva elección se presidente en la Gobernación», dijo Humberto Agudo, secretario general de la Causa R en Lara.
«Necesitaban crear una instancia donde se les permitiera tener un bunker para dar orientación a la campaña política. Crearon el organismo y le echaron mano a Fudeco», dijo.
La promoción de las invasiones, supuestamente por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, se considera como una abierta manipulación de las necesidades de los venezolanos. Esto se suma a la «falta de respeto» que sería el traslado de personas de Caracas a las viviendas del Rancho 5-A para quienes en Barquisimeto esperaban este beneficio.
Un tercer factor a considerar, expresa Agudo, serían los anuncios de expropiación de terrenos para la producción agrícola, realizados con el supuesto fin de generar incertidumbre entre los larenses, en el marco de una política que habría llegado al extremo de afectar los ciclos naturales de los cultivos en la región.
La inseguridad y la crisis en la cárcel de Uribana son los últimos aspectos que permiten concluir que existe una escalada en contra del Ejecutivo regional, cuya fuerza se incrementa con el traslado de nuevos privados de libertad a la cárcel de Uribana el pasado fin de semana, en momentos cuando desde la Policía de Lara se denuncia que los calabozos de la Comandancia y de gran parte de las comisarías resultan insuficientes para albergar a más detenidos, mientras que en el centro penitenciario del estado se niega su ingreso.
«Esto puede generar un nivel de violencia mayor al que actualmente se vive en Uribana. Con el objetivo de responsabilizar al gobernador de Lara de la situación cuando en realidad la culpa de esto la tienen los ministros Iris Varela y Tareck El Aissami, así como el director del penal, Nelson Bracca», puntualizó Agudo.
Foto: Simón Alberto Orellana
