El presidente de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional (AN), diputado Elio Serrano, informó que la instancia parlamentaria que encabeza ha venido desarrollando la agenda legislativa con toda normalidad, especialmente en la construcción de dos instrumentos jurídicos de gran importancia, como son el Anteproyecto de Ley de Regulación y Control de la Prestación de Servicios Funerarios, Inhumación y Cremación, y el Proyecto de Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Inmuebles para Uso Comercial.
Serrano añadió que en el caso particular del Anteproyecto de Ley para los Servicios Funerarios, esta herramienta jurídica brindará protección a los usuarios de este servicio ante la desmedida especulación que campea actualmente.
«Nosotros queremos abordar esta ley con la intención de evitar la especulación, el servicio funerario no es mercantilista, sino social», afirmó el parlamentario.
Asimismo, anunció que la comisión aprobó la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Inmuebles para Uso Comercial.
Recordó que durante el pasado periodo legislativo la AN derogó parcialmente la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, lo que, a su juicio, deja una deuda con el pueblo venezolano, en razón de que la legislación anterior sigue reglamentando lo referente a los arrendamientos de índole comercial e industrial, entre otros.
«El fenómeno especulativo que se ha generado en esta materia siempre atenta contra el consumidor final, que es quien paga los altos costos de la intermediación que tiene el comerciante, quien, luego, debe solventar los elevados precios al consumidor final. Nosotros, en aras de proteger al pueblo venezolano, estamos haciendo todo lo pertinente para que se lleve a cabo la regulación respectiva en este sector», dijo el diputado socialista.
Por último, señaló que la comisión prevé que estos dos instrumentos jurídicos puedan ser presentados ante el Parlamento para su primera discusión, una vez que sea elaborado el informe de impacto económico, tarea en la que colaborará la División de Investigación y Desarrollo de la AN. Posterior a este requisito se realizaría la consulta pública de ambas leyes.
«Nosotros aspiramos a que antes de que finalice el mes de marzo ya hayan sido debatidas las herramientas jurídicas en primera discusión ante la Plenaria. De tal manera que durante todo el mes de abril se llevaría a cabo la consulta de ambos instrumentos y estaríamos aprobándolos en segunda discusión para la primera quincena de mayo», finalizó.
