Los defensores de derechos humanos trabajan en condiciones cada vez más adversas en América Latina, donde son víctimas frecuentes de asesinatos, agresiones y estigmatización oficial, indicó este martes un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En algunos países hay una «creciente sofisticación» de los mecanismos para «impedir, obstaculizar o desmotivar» a los activistas, a través de juicios «sin fundamento» o restricciones de las fuentes de financiamiento, señaló la Comisión, ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La CIDH se declaró especialmente preocupada por Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Venezuela, donde los ataques contra defensores «afectan seriamente el respeto a los derechos humanos».
Los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas «han ido en aumento en la región», sobre todo en países que han sufrido quiebres democráticos, donde persisten conflictos armados o existe alta incidencia del crimen organizado, según el informe, que actualiza uno anterior de 2006.
La Comisión dio algunos ejemplos, como en Brasil, donde en tan sólo cinco días en mayo de 2011 fueron asesinados cuatro activistas contra la tala de árboles. Otros 125 líderes campesinos están amenazados de muerte, según organizaciones civiles de ese país.
En Colombia, sólo en los tres primeros meses de 2011 se registraron 96 agresiones contra defensores de derechos humanos, de ellos nueve asesinatos y cuatro desapariciones.
En los meses siguientes al golpe de Estado de Honduras de junio de 2009, se contabilizaron al menos 675 agresiones.
La situación es igual de «preocupante» en Venezuela: entre 2007 y 2010 habrían sido asesinados al menos 97 líderes sindicales.
Los defensores de los derechos humanos son un «pilar esencial para el fortalecimiento y consolidación de las democracias», por lo que cuando se les ataca, se «afecta directamente al resto de la sociedad», afirmó el reporte.
Algunos países como Colombia, Guatemala, Honduras, El Salvador, México y Venezuela han instaurado mecanismos para proteger la vida de los activistas, pero estos carecen de «idoneidad y efectividad», por lo que en la práctica los ataques se perpetúan, dijo la CIDH.
Uno de los más «frecuentes obstáculos» es la criminalización de los defensores de derechos humanos, que en la región son objeto de forma «cada vez más sistemática y reiterada» de procesos penales que carecerían de fundamento, indicó el informe.
La Comisión manifestó su rechazo a que las organizaciones de derechos humanos puedan ser asfixiadas a través de la eliminación de su financiamiento.
En este sentido, la CIDH recordó su rechazo a la negativa del gobierno de Venezuela a permitir la financiación externa de las ONG.
Asimismo, criticó leyes en Estados Unidos que impiden la asistencia en defensa de derechos humanos a grupos calificados como terroristas.
Para revertir el sombrío panorama, los países de la región deben implementar una política global de protección de defensores de derechos humanos, que garantice realmente su integridad física, promocione su trabajo y evite que funcionarios públicos los deslegitimen, entre otra medidas, concluyó la CIDH.
