El rol del Estado no es regalar viviendas

El artículo 82 de la Constitución Nacional consagra que toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura y cómoda, mientras que el Estado deberá dar prioridad a las familias más necesitadas y garantizar los medios para que estas puedan acceder a las políticas sociales y al crédito, para la adquisición o ampliación de unidades habitacionales.
El abogado Joel Rodríguez Ramos señaló que no es responsabilidad del Estado entregar viviendas terminadas a la población, sino garantizar su acceso a las mismas promoviendo una cultura del ahorro, la construcción de proyectos a buenos precios y financiamiento.
El especialista destacó que la mayoría de las personas que invaden inmuebles aseguran que el Presidente Hugo Chávez les apoya en sus acciones. «Los invasores de La Pastoreña han entendido que el Presidente los invita a invadir y dicen que la alcaldesa los engañó. Hay que explicar que una vivienda cuesta dinero. Se puede pedir a la banca que facilite créditos pero no que regale el dinero de sus depositantes, pues tiene que haber garantías de liquidez».
Explicó Rodríguez que la política económica de un país debe manejarse con mucha seriedad, no procurando el odio y la guerra entre los sectores sociales. «La lucha de clases es maligna pues termina conduciendo al enfrentamiento del pueblo. No queremos eso para Venezuela, sino que la gente progrese y se haga responsable. Mientras se promuevan las inversiones habrá más trabajo y posibilidades de mejorar su calidad de vida».
Nunca como ahora hubo tal abuso hacia la propiedad privada y las instituciones. Destacó Ramos que en el primer Gobierno del Presidente Caldera se realizaron algunas invasiones en el asentamiento Montaña Verde en el municipio Torres. El Estado, como garante del cumplimiento de las normas, expropió los predios mediante la declaratoria de utilidad pública e interés social, la aprobación de la Corte Suprema de Justicia y la justa indemnización a los propietarios. «En el caso de las invasiones siempre hubo ocupaciones ilegales pero de menor cuantía y con rápida acción de los organismos de seguridad».
La cultura de pedir
Asignar al Estado la responsabilidad de proveer viviendas sin erogar ninguna cantidad de dinero ni ejerciendo el mínimo esfuerzo, es una cultura que crece en el país. «Pareciera que todo el mundo tiene derecho a invadir y tomar una propiedad sin pagar nada. En el pasado instituciones como el Banco Obrero permitió que muchas personas de bajos recursos adquirieran sus propiedades, pero cancelando mínimas cuotas y haciendo también sus propios esfuerzos. De allí surgieron importantes urbanismos como La Sucre inaugurada en el primer Gobierno de Caldera o la urbanización Patarata en el ejercicio de Raúl Leoni».
En este sentido, se vuelve indispensable que el discurso oficial promueva el trabajo honrado, digno y responsable como único medio para adquirir viviendas y propiedades. «No se puede exigir un derecho violando el derecho de los demás».
Foto: Emanuele Sorge