La Pastoreña cumple una semana invadida

 
La situación del conjunto residencial La Pastoreña, en el este de la ciudad, es la misma. Familias de Yacural, en demanda de viviendas, continúan apostados en una parte del terreno del urbanismo privado, constituido desde hace diez años aproximadamente. El 16 de febrero, 130 hogares residenciados en los alrededores, irrumpieron el lugar bajo el lema: «La tierra es de quien la necesita».
A través de un boquete hecho en la cerca perimetral, ingresaron a la propiedad donde comienzan a construir sus ranchos de zinc. Los dueños de los apartamentos y una reconocida constructora, tienen planeado darle continuidad a la urbanización mediante la construcción de nuevos edificios.
Este miércoles en la mañana, acudió una comisión de Derechos Humanos, adscrita al Ministerio (pp) de Interior y Justicia, para conocer los argumentos de ambas partes: ocupantes y propietarios. Sin embargo, en poco parece haber ayudado la intervención de los delegados o mensajeros de la paz, por cuanto persiste la incertidumbre y tensión entre todos los involucrados.
Hay zozobra, particularmente, en los hombres y mujeres de La Pastoreña, quienes sienten vulnerados sus derechos, luego de la repentina invasión que les ha impedido incluso dormir en las noches. «Nosotros lo único que pedimos es el desalojo de esas personas (los invasores). ¿Hasta cuándo existirán atropellos en contra de la propiedad privada?», expresó el propietario Edgar Salas, miembro de la junta de condominio.
«Velaremos por los derechos de todos»
Isabel Urbina, delegada de Derechos Humanos del Ministerio del PP de Interior y Justicia, adelantó que en conversaciones con los ocupantes del terreno de La Pastoreña, dejaron notar que no desistirán de su proyecto de vivienda, no obstante, aclaró que son los propios organismos del Estado, en materia habitacional, los responsables de determinar si procede o no el plan residencial para estas 130 familias de Yacural.
«Hemos recibido de los vecinos de La Pastoreña la orden judicial emitida por el Tribunal Quinto de Control, que indica el desalojo, sin embargo, antes debemos garantizar que todos los funcionarios responsables del caso estén presentes al momento de llevar a cabo la desocupación», informó.
Representantes de la Defensoría del Pueblo, del Consejo Municipal de Protección del Niño, Niña y Adolescente y de los organismos de seguridad, deberán estar para cuando realicen la orden del juzgado. Los delegados del MPPIJ, aseguraron que en las próximas horas, si todos los entes responsables responden, debería realizarse el desalojo.
Por lo pronto, los habitantes del conjunto residencial continúan haciendo turnos o guardias para evitar que los invasores ganen más espacio. No dejan de pensar en el día que recobren la tranquilidad. Algunos propietarios, temerosos ante los hechos, mandaron a sus hijos a casas de familiares para aliviar un poco la preocupación que los embarga.
Foto: Archivo