Luego de que el Presidente de la República Hugo Chávez anunciara el relanzamiento de la Misión AgroVenezuela y ordenara la recuperación de 3 mil hectáreas en el municipio Jiménez, la incertidumbre ha crecido con fuerza entre los trabajadores del campo.
Así planteó la situación el productor de papa del municipio Andrés Eloy Blanco, Javier Barrera, quien señaló que el irrespeto a la propiedad privada y la inseguridad jurídica promueve la caída de la producción de alimentos. «Hay una zozobra general. No hay respeto ni seguridad jurídica para los productores, en consecuencia, no se produce con el mismo esmero que antes pues estamos desencantados ante la falta de garantías».
Explicó Barreras que la mayoría de los productores siembra sólo para cancelar operaciones de mantenimiento. Las condiciones climáticas, dijo, el agua, las plagas, el sol, y ahora, el Gobierno, son los enemigos que debemos enfrentar a diario.
El fracaso de Agropatria
La promesa del ministerio de Agricultura y Tierras de otorgar con prontitud la semilla de papa a los productores no se ha cumplido. «Hasta ahora no han entregado las semillas. Demostraron que no están capacitados para hacerle llegar los insumos a los productores que trabajamos la tierra».
La dificultad para adquirir las semillas se traduce en retraso para el mercado agrícola. «Quienes salimos perjudicados somos el pueblo, los que vivimos de la agricultura. El retraso nos hace más dependientes porque no sembramos a tiempo».
El productor destacó que Agropatria funciona inadecuadamente pues hace distinciones políticas para otorgar los insumos básicos, al tiempo que no cuenta con la mercancía suficiente para abastecer la demanda de productos.
Los trabajadores del campo coinciden en que la expropiación de Agroisleña fue un fracaso de las autoridades, quienes no supieron apreciar el trabajo que por años desempeñó la empresa.
De acuerdo con datos aportados por productores agrícolas del municipio Jiménez, en Agroisleña era posible adquirir créditos y buenos productos. Ahora, el suministro es de apenas dos litros por cada veneno o agroquímico.
Incertidumbre por expropiaciones aumenta en municipios agrícolas
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