Lo que mayormente inquieta a los industriales, es el doble discurso que mantienen las autoridades del alto gobierno económico, porque mientras reconocen que las empresas no pueden estar trabajando a pérdida y que deben tener una rentabilidad justa y razonable, mantiene la rigidez de la congelación de precios y no realizan los ajustes necesarios, aún cuando se presentan estructuras costos actualizadas con incrementos en las materias primas e insumos, mano de obra y fletes, que crecen en forma acelerada todos los meses.
Asimismo les preocupa, que esta falta de flexibilidad impide a los consumidores adquirir lo que quieren, ya que quien tiene los recursos se puede dar el lujo de comprar lo que mejor le acomode, lo cual no puede hacer en los actuales momentos, porque no tiene en donde escoger, porque la gran mayoría de estas empresas están limitadas para realizar las inversiones que les permitan incrementar la producción para atender el aumento de la demanda existente
Ha quedado demostrado que la flexibilización de las cuotas no corrige el rezago de 9 años en los precios de los productos regulados, por lo cual las empresas que elaboran estos rubros siguen produciendo a pérdida.
Además se está violentando la nueva Ley de Costos y Precios Justos, por cuanto no se están reconociendo los costos y la necesidad de una rentabilidad razonable, por lo que se insiste en la de aplicar la fórmula que beneficia a las empresas y a los consumidores, que no es otra que ajustar los precios de las categorías reguladas, reconociendo el rezago existente y generando una rentabilidad justa para sostener los niveles de producción que necesita la población.
Los casos que se expusieron como ejemplos, evidencian en forma gráfica la gravedad de la problemática. En efecto, en el caso de la harina de maíz precocida, después de nueve años de rezago, le fue fijado un precio de 4,06 Bs/Kg, solicitando un ajuste del 33% que llevaría el producto a 5,42, lo que tendría un impacto en el Índice de Precios al Consumidor, un 0,10% en todo el año, asimismo con un consumo de 4 kilos de harina por mes, la familia tendría que erogar 5 bolívares al mes, mucho menos de lo que cuesta un refresco, y con este ajuste se lograría resolver el problema a una industria que hasta este momento ha demostrado que es vital para Venezuela.
Explican asimismo, que mientras en estos nueve años la harina de maíz ha registrado un incremento del 314%, el maíz que la principal materia ha aumentado en 456%; los empaques de plástico han aumentado en 408 %, el costo laboral 903%, los fletes 1.600%, una inflación en este lapso de 1009% acumulada y una devaluación de 132% en los últimos dos años, siendo evidente que una industria no puede resolver un aumento de costos de esta magnitud si no tiene un precio razonable para sus productos.
Consideran que este es el momento para realizar los ajustes de los productos regulados, se admite que los precios internacionales no han bajado, siguen siento altos, pastas y aceites, que se elaboran con materias primas importadas en 100% y en 90% respectivamente, están teniendo pérdidas considerables.
No hay nuevas inversiones
La mayoría de las industrias de alimentos están trabajando cuatro turnos, su capacidad está siendo utilizada en un 100%, a pesar de algunas dificultades con la electricidad, que ha afectado alrededor de un 2% de la producción, pero esto se ha superado y se está atendiendo el mercado y las necesidades de los consumidores, las industrias siguen recibiendo materias primas, de manera que el abastecimiento en estos momentos no es un problema.
Por otra parte, mientras el mercado nacional sigue creciendo, las empresas no están siendo capaces de realizar las inversiones necesarias, convirtiéndose esta variable en un factor que va a afectar a todos los consumidores en el mediano y largo plazo, lo cual se evidencia en el hecho de que la capacidad instalada de las industrias no ha crecido en los últimos cuatro años, ya que lo que se invierte es para mantener los equipos operando, pero no hay posibilidad de invertir para aumentar la capacidad de producción con los actuales precios de los productos regulados.
Existe el convencimiento en el sector de la industria de alimentos, de que el gobierno en estos momentos no toma las decisiones que son justas y necesarias, por cuanto está colocando en la balanza el costo político que esto tiene para las elecciones del 7 de octubre, sin entender que el impacto de cierre de otras empresas, debido a que no pueden soportar los costos de producción, resultará más perjudicial, por cuanto serán muchos los venezolanos que quedarán sin empleo y el desabastecimiento que hoy se percibe, debido a que la industria no puede aumentar su producción, se profundizará.
En estos momentos, el balón está en la cancha del Ejecutivo, de sus decisiones dependerá que se gane o se pierda el partido.
Industria de alimentos frente a una situación comprometida
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