En un proceso de elecciones los candidatos que aspiran llegar a un cargo público y sus organizaciones políticas requieren de gran cantidad de recursos que les permita costear cada uno de los gastos que se generan en las campañas electorales y demás actividades para un mayor alcance de los electores.
Existen varios tipo de financiamientos para las campañas electorales en América Latina; está el financiamiento público que es cuando el Estado otorga los recursos a las organizaciones políticas previo a los procesos electorales para que desarrollen sus campañas y según el Centro Carter tiene varios propósitos, entre esos mantener al margen la habilidad de los partidos para obtener fondos privados, y evitar el potencial tráfico de influencias, o el secuestro del proceso de formulación de políticas por parte de los donantes privados (que extraen promesas para el tratamiento preferencial de determinadas políticas públicas a cambio de contribuciones de campaña), el financiamiento público facilita la competitividad en el proceso electoral.
En el caso del financiamiento privado se realiza a través de organizaciones, empresas o fundaciones que deseen colaborar con algún candidato específico a través de las organizaciones políticas; ya sea con la entrega de dinero o el acceso a instalaciones de manera gratuita. En teoría el financiamiento privado puede reducir el papel o la interferencia del Gobierno en la realización de las campañas, lo que reduce las probabilidades de manipulación de las autoridades en el financiamiento público para su beneficio electoral, sin embargo en algunos países en la práctica no es exactamente así.
En Venezuela el sistema de financiamiento público se utilizó desde 1973 hasta 1999 con la Asamblea Nacional Constituyente, convirtiéndose así en el único país del hemisferio que no proporciona ningún tipo de recursos públicos, directo o indirecto a esas actividades y las organizaciones acuden a los fondos privados.
El artículo 293 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que el Consejo Nacional Electoral (CNE) entre sus funciones en los procesos electorales deberá controlar, regular e investigar los fondos de financiamientos de las organizaciones políticas.
Según la Ley de Procesos Electorales en su artículo 252, se entiende por financiamiento de la campaña electoral, todas las actividades u operaciones económicas y financieras efectuadas por las organizaciones con fines políticos, grupos de electores, comunidades u organizaciones indígenas, así como las candidatas y candidatos, con el objeto de cubrir los gastos para estimular al electorado a sufragar por determinado candidata, candidato o lista de candidatos.
Iván Lugo, coordinador electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el estado Lara, afirma que los recursos con los que ellos desarrollan sus campañas electorales provienen de la donación de un día de salario que hace el 70% de la militancia del partido en todo el país.
Explica que este aporte lo realizan tres veces al año pero con se tenía previsto las parlamentarias para diciembre el último día de salario lo hicieron el viernes 19 de noviembre. Afirma que los recursos reunidos por ésta vía, más las fiestas de recaudación y venta de rifas son suficientes para cubrir todos los gastos del partido. El PSUV tiene 7.632.606 militantes inscritos.
La Mesa de la Unidad Democrática, según lo indicado por José Gregorio Zaa coordinador electoral del circuito 1 y 3 del estado Lara, señaló que en los partidos de oposición también deben ser creativos a la hora de diseñar las estrategias que permitan la recaudación de dinero no sólo para el proceso de campaña, sino para mantener toda la estructura de las organizaciones políticas, el mantenimiento de las sedes, las labores sociales en las comunidades.
Cada partido ha llevado a cabo promociones internas, rifas, ventas de bonos, más las ayudas que han recibido de particulares, todo enmarcado en la ley y dependiendo del tamaño de la organización, en cuanto al número de miembros será la movilización para sumar recursos.
En el caso de los candidatos independientes como Eduardo Gómez Sigala por el circuito 3, el financiamiento es propio explicó el coordinador de campaña electoral José Antonio Vega, pero señaló que ellos se han visto muy beneficiados por el apoyo voluntario de profesionales y jóvenes que respaldan el trabajo que ha hecho el parlamentario.
El artículo 257 de la ley prohíbe que el financiamiento sea a través de donaciones o aportes anónimos, aportes o subsidios de organismos o entes públicos, compañías extranjeras o con casa matriz en el extranjero. Empresas concesionarias de obras o servicios públicos. Gobiernos, organismos o personas extranjeras no residentes. Organizaciones nacionales que reciban aportes de organismos o Estados extranjeros.
Tampoco se podrá usar los recursos provenientes de las actividades ilícitas, calificada así por el ordenamiento jurídico nacional. Los candidatos no podrán ser financiados por fundaciones de carácter público o de carácter privado que reciban recursos del gobierno nacional o de Estados u organismos extranjeros. Aportes, contribuciones o donaciones que se efectúen mediante depósitos o transferencias a través del sistema financiero o cualquier otro método, que haga difícil o imposible la identificación del contribuyente.
56 denuncias electorales
La organización Transparencia Venezuela antes del inicio de la campaña electoral consignó en la Comisión de Participación Política y Financiamiento del Consejo Nacional Electoral 56 denuncias de presuntas violaciones a la Ley Orgánica de Procesos Electorales y su Reglamento, por la utilización propagandística con fondos provenientes del patrimonio público. La Organización solicitó que se iniciaran las investigaciones correspondientes a efectos de determinar los funcionarios que aprobaron o permitieron la configuración de los presuntos ilícitos.
Una semana después Transparencia Venezuela comunicó que habían registrado un total de 281 denuncias de presuntas violaciones a la Ley y su Reglamento, a través de la aplicación móvil ‘’Dilo Aquí’’.
Entre los estados con mayor registro señalaron Distrito Capital con 60 denuncias, seguido de Aragua con 34 y de Miranda con 27. Entre las organizaciones políticas más denunciadas se encuentra el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) liderando con 40 señalamientos, seguido de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) con 19 denuncias.
El miércoles se conoció que el CNE inició averiguaciones al PSUV por transmitir tres cuñas de campaña con presencia de niños, el cual contraviene el artículo 75, numeral 9, de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre). De igual forma, iniciaron averiguaciones administrativas por una cuña de la MUD. En todos los casos con medidas cautelares de suspensión de las piezas publicitarias en tanto no sean corregidas.
Hasta la fecha se desconoce si realizan seguimiento a organizaciones que estén usando recursos del estado para el desarrollo de campañas electorales, prohibido en la Ley de Procesos Electorales.
