Cerca de dos mil afectados esperan que el Ejecutivo Regional cumpla las promesas realizadas desde el 2012, año en el que Erick Valles, para aquel entonces jefe de oficina de personal ejecutivo del estado Lara, aseguró que a los jubilados se les otorgaría el pago de retroactivo de homologación de pensiones, desde que recibieron la jubilación hasta el 2011, informó Gustavo Abella en representación de los retirados.
Otro de los compromisos tomados por el actual secretario de gobierno se refiere a ampliar la cobertura de asistencia médica, la cual apenas cubre un monto de 25 mil bolívares anualmente, dejando a los jubilados y pensionados con un déficit muy grande ante las necesidades que tienen en dicha área, tratándose de personas de la tercera edad.
“El mismo debería ampliarse a un monto que vaya acorde a la inflación del país, asimismo debe ampliarse a descendientes y ascendientes como era anteriormente”, expuso Abella.
En las denuncias realizadas por los jubilados, resaltó el hecho de que el aporte patronal a caja de ahorro no ha sido otorgado, mientras que a los asociados se les retiene su aporte del 10%. “Eso no lo pedimos, eso lo exigimos porque es lo que dice la ley. No es un regalo, es un derecho”, explicó el licenciado quien destacó el hecho de que los retirados no pierden los beneficios.
Diversas reuniones y oficios entregados a Erick Valles se han hecho, pero sigue sin recibir respuestas a los compromisos adquiridos hace ya cuatro años.
Los jubilados y pensionados están expectantes a ser incluidos; como lo estipula el reglamento de ley de jubilaciones y pensiones, en los beneficios salariales adquiridos en las contrataciones colectivas, lo cual no se ha hecho. En este caso, hicieron una llamado de atención también a los representantes sindicales, quienes deberían tomarlos en cuenta a la hora de hacer las solicitudes de mejoras en la cláusulas.
Hasta los momentos, los retirados siguen esperando el pago de seis bonos, así como el ajuste del tabulador el cual se mantiene con montos antiguos, partiendo de Bs. 9.629, hasta Bs. 28.271 como máximo.
El reclamo hecho por los afectados no atiende a un capricho, sino a las necesidades que como a todo venezolano en este momento, se les presentan a la hora de adquirir alimentos y medicamentos, pues ni siquiera reciben un ticket de alimentación que les permita sobrellevar tal gasto.
