Ante las maniobras absurdas que ha venido tomando la Asamblea Nacional y la actitud del Gobierno al pretender quitarle la mayoría calificada al nuevo parlamento, es factible la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela, según el doctor Joel Rodríguez Ramos, abogado constitucionalista, al ser consultado sobre el particular por EL IMPULSO.
El profesional del Derecho considera como insólito que ahora se pretenda anular la elección de diputados de la Unidad, para arrebatarle la mayoría calificada a la Asamblea, que debe instalarse el 5 de enero.
Estamos en plenas vacaciones judiciales, que por ley corresponde en esta fecha navideña y de recibimiento del año nuevo, explica.
También por ley sólo por causa de emergencia que se justifique y que se compruebe, se puede suspender el período de vacaciones.
La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, sorpresivamente, con unos magistrados que según se ha dicho –y de eso no estoy seguro- no son los titulares sino sus suplentes, decidió dar despacho lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de diciembre para admitir unas impugnaciones de la elección de unos diputados de la oposición de varios circuitos del país.
Ya es una gravedad por ser una irregularidad, que se haya aceptado dar despacho en estos días que no son de despacho, porque se violenta la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Además se violenta la Ley Orgánica de los Procesos Electorales y, como si todo no fuera enormemente grave, también se violenta la propia Constitución Nacional.
Se violenta el derecho a la defensa de unos diputados electos por la voluntad del pueblo.
Estamos frente a un hecho insólito, que me parece muy bien que lo haya calificado la Mesa de la Unidad Democrática como “un golpe judicial”.
Es tan gravísima esta situación que inmediatamente de haberse producido la admisión de las impugnaciones se han producido reacciones muy serias por parte de observadores internacionales, quienes vinieron a nuestro país el 6 de diciembre.
Aún más, los que estuvieron en los circuitos objetados, sobre todo en Aragua, afirman que no hubo ninguna irregularidad. Incluso, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral regional de ese estado confirmó que todo el proceso había sido absolutamente limpio, legal y sin ningún reclamo por parte de los participantes en las elecciones.
De tal manera que aquí se están viendo las costuras de lo que está ocurriendo: el Gobierno desesperadamente trata de impedir la mayoría calificada de las dos terceras partes que tiene la oposición.
Hasta que la Sala Electoral no se pronuncie sobre la procedencia o no de las presuntas irregularidades, esos diputados están proclamados por la autoridad electoral y, por lo tanto, son parlamentarios.
Como tales, tienen derecho a estar en la Asamblea Nacional, porque fueron juramentados y gozan de inmunidad parlamentaria.
En el supuesto caso de que la Guardia Nacional tome control de las inmediaciones del Palacio Federal y trate de impedir su acceso a los diputados impugnados, se trataría de una acción inconstitucional. Porque a la única autoridad que le corresponde calificar a sus miembros es precisamente a la propia Asamblea Nacional.
Una vez que han sido proclamados y juramentados por el CNE, le corresponde a la Asamblea Nacional decir: estos son, pasen y formen parte del parlamento. De que ocurra el supuesto hecho que pudiera presentarse por parte de algún componente de la Fuerza Armada, sería una arbitrariedad y un golpe contra la Constitución.
-¿Cómo se explica que Nicolás Maduro y el propio CNE hayan dicho que este organismo tiene el sistema más perfecto del mundo y ahora el Presidente de la República salga diciendo que ha habido irregularidades?
-Esa es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Cómo se explica que al sistema más moderno y eficaz del universo le esté pasando esto? La única explicación es que se busca favorecer al Gobierno, para que éste haga lo que quiera e impida la instalación de la Asamblea Nacional, lo cual revela un talante muy poco democrático. Esa gente del oficialismo no sabe ganar, porque cuando gana quiere arrebatar todo porque su propósito es tener una hegemonía, ni sabe perder porque no es gallarda en la derrota.
Si el sistema electoral venezolano es el mejor del mundo, entonces, debe acatarse el resultado porque hasta ahora no hay ninguna prueba de irregularidad.
Estaba viendo los resultados de los circuitos impugnados y todas las actas tienen consistencia. En alguno la diferencia es de dos mil votos, una cifra no despreciable, y en otros es de más de diez mil votos, por lo cual no tiene sentido discrepar.
-Ante esta situación, ¿se puede plantear la aplicación de la Carta Democrática?
-Hasta ahora el Gobierno, por su origen popular en tanto fue escogido por la vía del voto, había logrado que no se aplicara la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. Pero, al querer desconocer la voluntad de los electores, creo que es aplicable la Carta Democrática porque está dándole un golpe mortal a la Constitución Nacional. Y está desconociendo al soberano porque no le fue ganancioso. A ese hecho hay que agregarle la designación espúrea de los 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, designados entre gallos y medianoche, sin ninguna urgencia. Lo que se hizo fue nombrar a unos funcionarios afectos al Gobierno. Este es un momento muy delicado porque es de desconocimiento a la institucionalidad, de la voluntad popular y de la Constitución.
-¿Temería el Gobierno que se le investigue sobre hechos irregulares y, al mismo tiempo, se trate de comprobar si el diputado Diosdado Cabello es objeto de investigación en los Estados Unidos, entre otros casos?
– Eso es. La Asamblea que muere el 4 de enero nunca investigó al Gobierno. Se le planteó el caso de los alimentos de PDVAL que se pudrieron, el de la inseguridad, el de Antonini Wilson sobre el famoso maletín de los 800 mil dólares y otros muchísimos más de corrupción que todo el mundo sabe, pero jamás se ocupó. Como en esta nueva Asamblea la oposición tiene la mayoría, sí puede hacerlo, incluyendo además el arresto de los sobrinos de Cilia Flores, el de los negocios de Roberto Rinón con Pdvsa, la gestión de Rafael Ramírez, el de lavado de dólares y lo del secretario privado del Presidente. El oficialismo no quiere que nada de eso se investigue, ni que sea dictada la Ley de Amnistía para los presos políticos. Eso explica estas maniobras absurdas que se han tomado.
