Para asistir gratuitamente a las víctimas de la represión a nivel regional, un bloque de abogados – en su mayoría penalistas- se colocó a disposición de la colectividad larense, tras un pronunciamiento realizado, la mañana de este miércoles, desde la sede administrativa del Colegio de Abogados del Estado Lara (Cael).
“Estamos a la orden del pueblo larense para asistirlos, representarlos y acompañarlos en todo lo que tiene que ver con detenciones, abuso de poder y formulación de denuncias (…) Queremos formar parte del apoyo jurídico que debe estar al frente por la situación que está viviendo nuestro país”, declaró el vocero del grupo de juristas, Pablo Espinal, quien informó que trabajarán en conjunto con el Consejo de Estado por la Paz y la Justicia (Cepaz).
Los jurisconsultos aprovecharon la oportunidad para rechazar las aprehensiones arbitrarias, agresiones, persecuciones y asesinatos perpetrados por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado -en especial Guardia Nacional y Policía Nacional-, mientras civiles ejercían el derecho constitucional a la protesta.
“Nuestra solidaridad con los familiares. Estamos seguros que más temprano que tarde (los responsables) tendrán que pagar ante la justicia venezolana y a la justicia internacional”, declaró.
Llamado a los jueces
Espinal, en la voz de más de 25 abogados, repudió el accionar de algunos jueces del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, quienes, a su juicio, han colocado condiciones de mucha complejidad para otorgar las medidas cautelares sustitutivas a la privación de libertad a los detenidos en las protestas contra el Gobierno nacional.
En este sentido, condenó a los jueces que han decidido privar de libertad a los jóvenes, sin que el Ministerio Público así lo pidiera.
“Bajo el principio de oficialidad es al fiscal a quien le corresponde solicitar la privativa; sin embargo como vemos divorcio entre la Fiscalía General de la República y el TSJ, los jueces, de manera arbitraria y fuera del contexto de la legalidad, han dictado las medidas y buscan usar la justicia militar”.
Asimismo, denunció que se utiliza la jurisdicción militar para satanizar la protesta y armar procesos viciados con los que pretenden mantener recluidos a manifestantes en la cárcel de Ramo Verde.
“Por supuesto que los actores del Gobierno van a decir que es legal, pero nosotros, exjueces, exfiscales, exdefensores públicos y docentes universitarios, le podemos decir al señor ministro (Vladimir Padrino López) y a quien le toca tipificar los hechos, que eso es ilegal”.
Para localizarlos
En la Casa del Abogado -calle 23, esquina de la carrera 17, frente a la plaza Lara-, y en el primer piso del Palacio de Gobierno -sede del Cepaz- podrá ser ubicado este equipo de abogados.
“Hacemos un llamado a los colegas para que incorporen en esta lucha por nuestro país, que en este momento requiere el aporte de cada uno de nosotros”, sentenció.
