Los organismos de seguridad del país incautaron 912 Canaimitas, equipos portátiles de computación para la educación de niños y adolescentes, que habían sido robadas y hurtadas, informó este viernes el fiscal general de la República, Tarek William Saab.
Saab detalló, en rueda de prensa ofrecida en la sede del Ministerio Público en Caracas y transmitida por VTV, que estos equipos habían sido sustraídos y desviados para usos irregulares con fines distintos a los educativos.
«Esto lo hemos logrado luego de la formal denuncia que nos hiciera el ministro para la Educación, Elías Jaua, en el marco de la lucha contra la corrupción», explicó el fiscal.
Señaló que este viernes se procederá a la entrega de un lote de equipos incautados al Ministro para la Educación para que sean reincorporados al programa o utilizados como repuestos para otros equipos.
Saab indicó que los equipos fueron incautados en procedimientos realizados en todo el país y entre ellos las entidades con mayores índices de computadoras robadas son Lara, con 107; Portuguesa, con 98; Distrito Capital, con 92, y Carabobo, con 89, además de otros estados involucrados con buena cantidad de procesadores desviados como Táchira, Apure, Aragua, Falcón, Cojedes, Barinas, Zulia, Monagas, Mérida y Anzoátegui, Guárico y Trujillo.
El fiscal mencionó que muchos de los equipos eran utilizados en lugares donde se practicaban juegos de invite y azar, casinos, entre otros.
El desvío de las computadoras se realizaba a través de distintos procedimientos: por asignaciones simuladas; venta de equipos no asignados en el sistema que fueron robados de los depósitos; las Zonas Educativas que solicitan más computadoras de lo que se asignan a las escuelas y el sobrante lo vendían; se comerciaron equipos con los representantes de los niños que los recibieron en el ministerio o bien la utilización de los equipos por los representantes para fines distintos a la educación de su representado.
El MP logró las detenciones de cuatro personas por estos casos que fueron presentados ante el Tribunal 29º de Control del Área Metropolitana de Caracas y los delitos imputados son posesión de equipos o prestación de servicios de sabotaje, sancionados en el artículo 10 de la Ley Especial contra Delitos Informáticos.
Saab refirió que el sistema de justicia de la nación no va a permitir que bienes que forman parte del uso de los Derechos Humanos del colectivo sean traficados de esta manera y menos desde la educación básica, al tiempo que afirmó que las investigaciones continuarán también en torno a casos de irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), denunciados por el ministro Jaua.
