La oposición venezolana convocó este martes a una marcha en protesta contra el Tribunal Supremo de Justicia que pese a haber modificado dos sentencias contra la Asamblea Nacional no ha logrado disipar las críticas ni las tensiones en el país.
En respuesta a la marcha opositora el oficialismo también llamó a una manifestación en apoyo al gobierno.
La céntrica Plaza Venezuela, punto de partida de la marcha opositora, fue tomada por varios cientos de guardias nacionales y policías que bloquearon todos los accesos e instalaron en los alrededores cinco tanquetas y cuatro camiones cisternas para impedir la manifestación, que no cuenta con el permiso de las autoridades.
Doce estaciones del metro cercanas a la zona de las marchas fueron cerradas y en las principales vías de acceso a Caracas fueron instalados varios puntos de vigilancia, lo que ocasionó congestionamientos de vehículos y limitó el ingreso a la ciudad.
El Congreso convocó el martes a una sesión en la que debatirá la posible remoción de los siete magistrados de la Sala Constitucional, a quienes señalan de haber violado la constitución al emitir la semana pasada dos sentencias en las que asumían las competencias legislativas y limitaban la inmunidad de los diputados.
El proceso contra los miembros del Tribunal Supremo, vinculados al oficialismo, es poco probable que prospere debido a que la única instancia que puede abrirles una investigación es el Poder Ciudadano que integran la Fiscalía General, la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo, organismos también señalados de estar controlados por el gobierno.
Aunque los magistrados modificaron el sábado las sentencias contra el Congreso, la crisis política que desataron no ha logrado disiparse ni las críticas desde el exterior.
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó la víspera una resolución que declara la violación del orden constitucional en Venezuela. Al rechazar la resolución, el presidente Nicolás Maduro señaló a la OEA de actuar como un «tribunal de inquisición» y promover el «intervencionismo» en el país sudamericano.
