Desde 1999 hasta el 2015 el Gobierno nacional dispuso de $5.620.000.000 para la compra de armamento militar, hechas especialmente a Rusia; 4.005 millones de dólares, China; 597 millones de dólares y a España 290 millones de dólares. Que llevó a Venezuela a ubicarse en el primer puesto de países de América Latina que más dinero gastó en armas y en el lugar 18 a nivel mundial, según las cifras del Instituto de Investigaciones de Paz de Estocolmo.
Al evaluar las inversiones que se pudieron realizar en el país con dichos recursos, se traduce en 112.400 apartamentos equipados de la Misión Vivienda, 56 hospitales de dos pisos con 220 camas cada uno y 4.257 liceos bolivarianos. Lo que evidencia cómo el Ejecutivo puso por encima de la necesidad de salud y educación, la dotación a la Fuerza Armada Militar.
Entre las armas compradas con esos recursos están aviones de guerra con 2.201 millones de dólares, misiles por 927 millones de dólares y defensa antiaérea 810 millones de dólares.
Para el 2016 el presupuesto para la Fuerza Armada pasó a octavo lugar, debido a la crisis económica que sufre el país. Sin embargo, aún es superior al del sector vivienda.
El poder que tiene el cuerpo castrense dentro de las decisiones del Ejecutivo no se centra únicamente en las asignaciones de recursos, Rafael Uzcategui, coordinador de Provea, durante su visita al Foro Soy Civil No Militar organizado por la Cátedra de Derechos Humanos de la Ucla y Funpaz, manifestó que se ha dado una excesiva participación de los castrenses en funciones destinadas a lo civil en los últimos años.
Situación en la que coincide Lexys Rendón, miembro de la ONG Laboratorio de Paz, quien señala que Venezuela siempre ha tenido una relación particular con el militarismo y sus inicios. En los últimos 16 años se ha tenido a un Gobierno autodenominado cívico-militar con una mayor presencia militar en todas las áreas, con mayor profundidad desde el 2013; a pesar de que fue un civil quien asumió el cargo de Presidente de la República; eso ha llevado a mayor beligerancia por parte de los castrenses.
Acota que con el pasar de los años ese pensamiento de que los militares pondrían orden o que eran un estamento de eficacia, se ha ido perdiendo y por el contrario existe mucha deficiencia.
“La sociedad se está preguntando cuál es el papel real de los militares, por qué se ven en la economía, en las instituciones públicas, en el tema de seguridad ciudadanía. Pareciera que tenemos un gobierno que su único basamento es el militar”.
Abuso militar
Sobre las denuncias que se han dado durante la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) en diversos estados del país por presuntos abusos militares e incluso pocos resultados positivos; en opinión de Uzcategui se sigue viendo la improvisación y el regreso a esquemas repetidos del pasado que también fueron ineficientes. “En el 2007 la Comisión Nacional de Reforma Policial hizo un esfuerzo en promover una política de Gobierno de combate al crimen que tuvieron nuevo modelo policial, pero Maduro al llegar promovió el Plan Patria Segura e incluyó a los militares”.
Se han realizado 14 mil privaciones de libertad en el marco de la OLP y de esas sólo 100 personas han sido pasadas a Tribunales por estar involucradas en delitos, según cifras del Ministerio Público. El representante de Provea considera que la tasa de eficiencia policial es muy baja porque se trata de una redada indiscriminada, que sólo quiere combatir a un sector de los delincuentes. “La tolerancia del Ejecutivo nacional con las mafias que controlan los recintos penitenciarios en el país o algunas otras organizaciones delictivas lo demuestras”.
La organización de grupos comunitarios, cuerpos de combatientes, las milicias, la preponderancia de relatar la historia venezolana bajo esa lógica y el mensaje político que se emana en que lo diferente es enemigo, que la diversidad es una amenaza y no una oportunidad democrática de poder construir cosas mejor, ha llevado a varias organizaciones de derechos humanos del país; tanto nacionales y regionales a iniciar una campaña de desmilitarización, comenzando por la eliminación del Registro Militar Obligatorio.
Rendón aclara que no es una guerra contra los militares sino rescatar los espacios que corresponden a cada parte, de recordar cuál es el rol de las fuerzas armadas, el papel que juegan en democracia y las garantías de los derechos humanos.
En medio de la crisis
Parece que los venezolanos se han acostumbrado a vivir en medio de la escasez de productos y fallas en los servicios, olvidando que forma parte de los derechos que tiene el Estado con la sociedad; de garantizar la calidad de vida. Lo que para Uzcategui es muy lamentable que se esté retrocediendo, agregando que las regiones están más castigadas que la capital.
Sobre las trabas que se han puesto desde el Tribunal Supremo de Justicia, el defensor de los derechos humanos recuerda que la Asamblea Nacional tiene una labor al igual que el resto de los poderes, pero al no haber presión ciudadana en la calle el Gobierno no actuará de la manera en que la colectividad lo necesita.
En el caso de los medicamento el ejecutivo se niega a reconocer la gravedad de los problemas. “En materia hospitalaria hay una necesidad de que el gobierno acepte la ayuda porque es la única manera de que a un corto plazo los pacientes puedan tener disponibilidad de los medicamentos”.
Afirma que la deuda internacional es tan grave que aunque el ejecutivo pagara todo lo que debe, las medicinas se podrían tener es 6 meses; un tiempo muy largo para quienes sufren una enfermedad.
“Así como Venezuela envió ayuda a Ecuador por el terremoto que es importante, también debe dejarse ayudar en esas áreas que no puede resolver los problemas de inmediato”. Uzcategui opina que en Venezuela hay es razonamiento político, porque al Gobierno no quiere que se hable de crisis humanitaria.
