El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió en la madrugada del sábado que el Tribunal Supremo de Justicia revise las sentencias que permitían a esa instancia judicial asumir las competencias del Congreso. El polémico fallo fue incluso criticado por la fiscal general de la nación y según la oposición busca darle poderes plenos al gobernante.
En un mensaje transmitido a la nación en cadena de radio y televisión, el gobernante afirmó que se había tomado la decisión con el apoyo «unánime del poder ciudadano» y los restantes miembros del Consejo de Defensa de la Nación.
El Consejo decidió «exhortar al Tribunal Supremo de Justicia revisar» las sentencias, que provocaron una avalancha de críticas de sus adversarios locales y gobiernos extranjeros, «con el propósito de mantener la estabilidad institucional» del país.
El Consejo de Defensa de la Nación —presidido por el mandatario e integrado por los titulares de los poderes públicos, entre otros altos funcionarios— acordó además insistir en el diálogo como vía de solventar la coyuntura política en Venezuela, acotó Maduro.
«Hemos avanzado en importantes acuerdos y soluciones. Se ha acordado por parte de los integrantes del Consejo de Seguridad de la Nación, y puedo decir que con la lectura de este comunicado y con la publicación de la aclaratoria respectiva, queda superada esta controversia demostrando las capacidades de diálogo» de su gobierno, destacó el gobernante.
El anuncio se produjo pocas horas antes de grandes protestas organizadas por la oposición contra el gobierno socialista, impulsadas por el malestar provocado por el fallo.
Maduro convocó a la reunión del Consejo para calmar el alboroto político, aunque por lo menos un miembro clave de esa instancia se negó a asistir, en medio de abundantes críticas de otros gobiernos.
El presidente comparó la condena internacional de la decisión del Tribunal Supremo —que llevó a algunos gobiernos como los de Perú y Chile a retirar a sus embajadores— con un «linchamiento político».
Alrededor de una docena de funcionarios estuvieron presentes en la sesión. Entre los ausentes estuvo el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, quien anunció que no asistiría a la reunión en el palacio presidencial de Caracas argumentando que «en Venezuela hubo un golpe de Estado» y en consecuencia resultaba inaceptable que el presidente pretendiese «componer la crisis que él creo», montando un circo para tener la oportunidad de limpiar su imagen.
Borges pidió a la comunidad internacional que continúe ejerciendo presión diplomática sobre Venezuela y que los ciudadanos salgan a las calles a protestar el sábado. A través de un vídeo difundido a través de Twitter, recalcó que para los venezolanos el «único diálogo posible» para resolver la crisis es el voto.
En un discurso pronunciado antes, tarde en la noche del viernes, Maduro comentó que el presidente de la Asamblea Nacional fue invitado a la reunión, pero no asistió.
El mandatario señaló entonces que era hora de unirse para defender a Venezuela: «es el llamado que le hago a estas autoridades del Estado». No quedó claro si la fiscal general Luisa Ortega Díaz asistió, puesto que en ningún momento apareció durante la transmisión de las conclusiones del acto.
Horas antes, la fiscal general expresó preocupación y condenó el dictamen, afirmando que las recientes decisiones del Tribunal evidencian violaciones a la Constitución. Asimismo, llamó a reflexionar para que se tomen los «caminos democráticos» de respeto a la constitución y se rescate la pluralidad. Su declaración fue sorpresiva porque por años había sido percibida como una estrecha colaboradora del gobierno socialista.
Las críticas internacionales han ido en aumento y el viernes el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió formalmente una sesión urgente para analizar la situación.
Paralelamente, la coalición opositora de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocó para el sábado a una concentración en una plaza del este de la capital, donde la Asamblea Nacional realizará una sesión abierta.
La oposición ha dicho que su estrategia para enfrentar el fallo del tribunal será con movilizaciones en las calles y gestiones internacionales.
«Hemos entrado en una etapa de resistencia», dijo a The Associated Press el diputado del partido Causa R, Américo De Grazia, e insistió en que la oposición defenderá el bastión que ganó en las elecciones legislativas de diciembre de 2015 después 17 años de control oficialista.
En Caracas, decenas de universitarios al grito de «¡Libertad!» se apostaron a las puertas del Tribunal para rechazar la sentencia contra el Congreso. Guardias con equipos antimotines reprimieron a los manifestantes empujándolos y golpeándolos. También algunos periodistas resultaron afectados.
La dirigente estudiantil María Gabriela Cortes relató a AP que al menos dos de sus compañeros fueron detenidos y otros «fuertemente golpeados».
La Asamblea Nacional convocó para el martes a una sesión especial en la que se debatirán varios temas, entre ellos la situación de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, cuyo nombramiento fue cuestionado el año pasado por la mayoría opositora.
España se sumó el viernes a las críticas y el presidente del gobierno Mariano Rajoy dijo que «si se rompe la división de poderes se rompe la democracia».
En tanto, la cancillería argentina informó que el sábado se realizará en Buenos Aires una reunión urgente de los cancilleres de los países que integran el Mercosur «ante la grave situación institucional en la República Bolivariana de Venezuela». En diciembre pasado, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay decidieron apartar a Venezuela del bloque por incumplir el plazo que le habían fijado para adecuarse a las normas, incluidas las relacionadas con la garantía de los derechos humanos y la separación de poderes.
Por su parte, el presidente colombiano Juan Manuel Santos también manifestó inquietud y consideró que la democracia venezolana está «claramente vulnerada».
El enfrentamiento entre el Legislativo y el Poder Judicial venezolanos se inició en diciembre de 2015, luego de que la Sala Electoral de la Corte suspendiera, por supuestas irregularidades en su elección, a cuatro diputados, tres de ellos opositores.
Luego de casi un año de confrontación, los tres diputados aceptaron la sentencia y renunciaron a sus cargos, pero el Tribunal Supremo mantuvo a la Asamblea Nacional en desacato.
Esta misma semana, la Corte limitó la inmunidad de los diputados, asumió las competencias legislativas y autorizó al gobierno a crear empresas mixtas petroleras sin el visto bueno del Congreso.
