La organización civil Movimiento Vinotinto expresó su voluntad porque la Ley de Amnistía que estudia abordar la Asamblea Nacional incluya también a quienes han sido perseguidos penalmente por los llamados ilícitos económicos estipulados en la Ley de Precios Justos, así como a los dirigentes sindicales procesados por exigir derechos laborales.
A través de un comunicado, la ONG afirmó que estas personas también han sido víctimas de la violación de derechos humanos por parte del Estado, y deben ser tomados en cuenta.
De acuerdo con la organización dirigida por Manuel Virguez, también miembro del Foro Penal Venezolano en Lara, el avance de la criminalización de la libre actividad económica y comercial ha sido marcado desde 2010 por tres leyes fundamentales: la Ley Contra el Acaparamiento, la Ley para el Acceso a los Bienes y Servicios y la reciente y polémica Ley de Costos y Precios Justos.
Agregan que la Ley de Precios Justos ha generado desde su entrada en vigencia cerca de 3.000 procesos penales a empresarios, comerciantes, microempresarios y consumidores, entre los cuales aún cientos permanecen en etapas de investigación o de pena.
