En 1983, Colombia, México, Venezuela y Panamá tuvieron una iniciativa que a la larga condujo a la paz en Centroamérica. Los cuatro países se reunieron en la isla panameña de Contadora, con el fin de encontrar una solución pacífica a las guerras que durante años asolaron a El Salvador, Guatemala y Nicaragua.
Desde la Revolución Cubana, los movimientos insurgentes se fortalecieron en América Latina y decidieron combatir con las armas a las dictaduras militares que dominaban la región.
Paralelamente, el gobierno venezolano a través del excanciller Arístides Calvani, promovió directamente la democratización de Centroamérica a través del diálogo con los guerrilleros y los militares con el fin de delinear una estrategia de paz duradera. Esto se concretó en el Acta por la paz y la Cooperación que establecía un esquema de cooperación económica, paz, democratización y seguridad regional.
La iniciativa originó los Acuerdos de Esquipulas en 1986 y 1987, que en los años noventa consolidaron la paz después de más de 30 años de guerra.
En el pasado Venezuela, fue un actor fundamental en la promoción de la democracia en América Latina y el Caribe, cercado por dictaduras de derecha y la insurgencia comunista. Contadora sirvió para visibilizar el conflicto e involucrar a la comunidad internacional para encontrar una solución diplomática que garantizara la paz. Fue una apuesta arriesgada en tiempos en que las grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, se dividían el mundo en sus áreas de influencia.
Treinta años después de Contadora, América Latina vive por primera vez un momento de estabilidad económica y de expansión de la democracia. Sin embargo, Venezuela marcha a contravía y lastra la prosperidad y la integración regional. Nuestro país está urgido de una solución democrática para un conflicto cuya solución, al menos en el corto plazo, parece estar en un punto muerto.
Tal como ocurrió en Centroamérica con Contadora es el momento de que Latinoamérica asuma un rol más protagónico y que de las palabras y comunicados se pase a los hechos concretos.
Es evidente que la situación ha llegado a tal punto que no es posible resolverlo sin una mediación internacional. El presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski desde el inicio de la agudización de la crisis se ha erigido como una voz de conciencia en la región, y por ende Perú podría ser uno de los países mediadores. De igual manera, Canadá podría cumplir un rol importante en este difícil proceso.
Contrariamente a lo que se piensa, este puede ser un momento adecuado por dos razones: La primera, es que las controvertidas elecciones regionales del pasado octubre no devolvieron la legitimidad democrática al gobierno, y la segunda, que el gobierno comienza a acusar recibo del efecto de las sanciones impuestas por Estados Unidos y está cada día más aislado de los mercados financieros que necesita para sostenerse.
Además, el futuro luce aún más complicado porque ya se ha asomado la posibilidad de que el gobierno de Trump imponga un embargo petrolero a nuestro país tal como ocurrió con Irán.
No obstante, un gran obstáculo a un proceso de mediación internacional es la atomización de la oposición y la ausencia de objetivos y estrategias claras para enfrentar al gobierno en el plano de la negociación. Para muestra un botón: el planteamiento de escoger en primarias un candidato presidencial apunta a que buena parte del liderazgo tampoco ha entendido el momento dramático que se está viviendo ni la naturaleza de la descarnada lucha política.
El cambio político no será posible sin un apoyo más firme y menos retórico de la comunidad internacional y, muy especialmente, de los países de la región, que son precisamente los que están siendo más afectados por la crisis venezolana en términos del éxodo masivo de com- patriotas que ya supera el 8% de la población total del país según estudios independientes.
El momento amerita una iniciativa como Contadora para nuestro sufrido país.
