Al menos ocho presos que estaban en centros de detención preventiva de Venezuela han muerto este año por desnutrición, denunció este viernes una organización no gubernamental que defiende los derechos de los reos.
El caso más reciente fue el de un hombre de 25 años que falleció el pasado miércoles por «desnutrición severa», señaló un informe de la asociación Una Ventana a la Libertad.
Estaba detenido desde el 13 de septiembre de 2016 en calabozos policiales de la localidad de Los Teques, en las afueras de Caracas.
Según la ONG, esos recintos están diseñados para mantener a los detenidos por un máximo de 48 horas, mientras son presentados ante un juez y éste ordena su reclusión o puesta en libertad.
Sin embargo, actualmente se mantienen allí «por tiempo indefinido», añadió.
Una colombiana de 43 años también murió el 10 de septiembre por desnutrición en una sede policial de Guarenas, en la periferia de Caracas, indicó la ONG.
Una Ventana a la Libertad aseguró que en la capital se reportan todas las semanas casos de «presos desnutridos y con enfermedades infectocontagiosas» (tuberculosis, sarna o sida), lo que ocasionalmente precipita su muerte.
Según el reporte, la desnutrición de los reclusos ha empeorado por la escasez de productos básicos y la inflación que padece el país, lo que complica que «parientes y amigos puedan llevarles alimentos a diario».
«En algunos centros de detención los familiares deben pagar a funcionarios policiales para que permitan el ingreso de alimentos», apunta el informe.
Venezuela atraviesa una severa crisis económica, caracterizada por la carencia de alimentos y medicinas y una desbordada inflación que este año podría subir a 720%, según el FMI.
Una Ventana a La Libertad estimó al cierre de 2016 que las cárceles venezolanas albergaban a 88.000 presos, cuando su capacidad es de apenas 35.000.
Unas 33.000 personas están recluidas en condiciones de hacinamiento en calabozos policiales, por retrasos procesales y falta de espacio en las cárceles, de acuerdo con la ONG.
La sobrepoblación en esos establecimientos supera el 400%, indica la organización.
Desde julio de 2011, el gobierno puso en marcha un plan para adecuar los penales a estándares internacionales y poner fin a la violencia entre grupos enemigos. De 50 cárceles existentes en el país, 98% funcionan bajo el nuevo régimen.
