Un alto funcionario venezolano afirmó el lunes que el gobierno del presidente Nicolás Maduro no ha confiscado ni tiene planes de expropiar la planta de General Motors en el país sudamericano.
«Es totalmente falso de que el Estado venezolano haya confiscado los bienes de la General Motors en Venezuela. No está previsto, ni existe tal confiscación», dijo el ministro del Trabajo Francisco Torrealba en una entrevista divulgada por la estatal Venezolana de Televisión.
Torrealba explicó que contrariamente a las versiones de prensa se trata de un «juicio entre particulares. Ese problema entre particulares ha intentado venderse frente al mundo que es que el gobierno está expropiando o confiscando a General Motors».
Los comentarios del ministro se produjeron cuatro días después de que General Motors anunciara que suspendía sus operaciones en Venezuela después de que las autoridades embargaran su fábrica en el país.
La medida derivó de una demanda presentada hace casi 20 años por un ex concesionario de General Motors en el oeste de Venezuela. El concesionario pedía a la compañía estadounidense una compensación por daños y perjuicios por 476 millones de bolívares, unos 665 millones de dólares al cambio oficial y 115 millones en el mercado negro, donde muchos venezolanos se ven forzados a vender su moneda que se devalúa cada vez más.
General Motors dijo que esta semana se le notificó que un tribunal menor había ordenado el embargo de su planta, sus cuentas bancarias y otros bienes en el país.
El 18 de abril la planta «fue sorpresivamente tomada por las autoridades públicas, quienes asumieron su control e impidieron el desarrollo de las actividades. Adicionalmente otros activos de la empresa como vehículos fueron sustraídos de manera ilegal de sus instalaciones», informó la compañía un día después en un comunicado.
«El embargo fue dictado en total desconocimiento al derecho a la defensa y al debido proceso, causando un daño irreparable a la compañía», agregó el escrito.
Cientos de trabajadores desesperados por información sobre sus trabajos se reunieron en la planta el jueves para hablar con funcionarios del gobierno y las fuerzas militares, así como con representantes del concesionario que presentó la demanda.
La planta, fundada en 1948, no ha fabricado un solo vehículo desde 2015 pero General Motors sigue teniendo 79 concesionarios que emplean a 3.900 personas en Venezuela, donde fue el líder del mercado por 35 años consecutivos.
El Departamento de Estado dijo la semana pasada que estaba revisando detalles del caso pero pidió a las autoridades venezolanas que actúen rápida y transparentemente para resolver la disputa.
Torrealba resaltó que el gobierno venezolano «está apoyando y desea la reactivación a su máximo nivel de producción de la General Motors en manos de sus legítimos dueños. Esto se lo hemos transmitido de manera directa al actual presidente de la planta José Camilleri».
