El 5 de mayo de 2006 el jefe del gobierno nacional, Hugo Chávez Frías, cuando llegaba a Barquisimeto para hacer desde esta ciudad su programa radiotelevisado “Aló Presidente”, como andaba en una onda de expropiaciones, al observar el verdor del Valle del Turbio pidió al piloto del avión presidencial que sobrevolara la zona y sin pensarlo dos veces, una vez que estuvo en tierra, decidió que el Estado venezolano debería tener control absoluto de esas tierras, que no sólo corresponden al municipio Iribarren, sino a Palavecino, en el estado Lara, y al municipio Peña, cuya capital es Yaritagua, del Yaracuy.
“¡El Valle del Turbio es del pueblo y no puede tener amo!, exclamó.
Se extendió en una serie de consideraciones para justificar la intervención del valle, haciendo hincapié en que el cultivo de caña de azúcar en esas tierras contaminaba la tierra y el agua por la utilización de los agroquímicos, así como el aire por la quema de los desechos.
Enseguida dio la orden a los funcionarios de Agricultura de intervenir 8 mil hectáreas “de manera muy regulada para el pueblo y la transformación de la realidad socioeconómica del país”.
Y sin estudio de ninguna clase, pontificó que en lugar de caña de azúcar se debía cultivar verduras, hortalizas y otros rubros.
Estableció como “epicentro” de la recuperación de las tierras la hacienda El Vidrio, ubicada en Veragacha.
Ese anuncio impactó sobremanera a los alcaldes de Iribarren y Palavecino, quienes decidieron sumarse por solidaridad automática a la decisión presidencial y produjeron, cada uno por separado, sus respectivos decretos.
Henri Falcón determinó la “expropiación de todos aquellos inmuebles o porciones de éstos” ubicados en su jurisdicción y, posteriormente, Aura de Rivero también en lo que correspondía a Palavecino.
La producción del valle, desde entonces, ha venido en retroceso, porque el temor a nuevas expropiaciones se apoderó de quienes aún subsisten en esa zona.
Tradición en la propiedad de las tierras
Desde 1980 ha existido interés por el valle, dice el productor agropecuario Rafael Marcial Garmendia, ex presidente de la Federación Nacional de Ganaderos y de Fedecámaras. El 25 de septiembre de ese año, el Ejecutivo Nacional, mediante decreto, lo declaró “Zona de Aprovechamiento Agrícola Especial (ZAAE), precisando que “los suelos agrícolas deben ser preservados de cualquier otro uso distinto a los que establezcan el estudio y clasificación de los mismos, de acuerdo a sus capacidades productivas, integridad física, grado de erosión, fertilidad y normas de conservación, a los fines del indispensable desarrollo agrícola integral que requiere el país”.
Más tarde fue declarado Área de Régimen Especial y se le colocó bajo la autoridad del Ministerio del Ambiente, prosiguió. Se atendió así una solicitud de la sociedad larense y yaracuyana, y muy especialmente por los habitantes de Barquisimeto, Cabudare y Yaritagua, poblaciones que circundan el valle, para conservar una zona agrícola por excelencia y como pulmón vegetal.
Nunca hubo latifundios
Por algunas razones se perdieron posibilidades de riego y se puede señalar que el propio Estado venezolano ha deteriorado el valle, manifestó. Con la construcción de la Circunvalación Barquisimeto-Cabudare, mejor conocida como Ribereña, hubo un saque de arena, lo que ocasionó que las tomas de agua del río Turbio mermaran considerablemente y no se pudiera seguir regando una parte de las tierras.
Por otra parte, algunos de los pozos profundos tienen gran salinidad y por ese motivo algunos cultivadores de caña decidieron pasar a sembrar pasto para la explotación ganadera.
Además, en el valle se llevó a cabo, hace muchos años, una especie de reforma agraria muy particular, observó. Todas las fincas son pequeñas, al punto que la mayoría, tanto las que están en Lara como las del Yaracuy, no llegan a cien hectáreas, lo cual queda en evidencia que nunca existió la excusa del latifundio para intervenir los predios como tampoco pudo alegarse la falta de producción porque precisamente se encontraban en plena actividad.
Conviene también recordar que algunos asentamientos campesinos, que no tenían más de 20 hectáreas, se encontraban en plena producción cuando el Ejecutivo Nacional en el 2006 decidió intervenir las tierras.
Hay otro detalle importante que no se puede obviar: Lara es posiblemente el único estado de Venezuela donde los títulos de propiedad están más claros, resaltó. Tienen una mayor tradición y tracto sucesorio más atrás de 1848, que es la fecha en que se basa el Instituto Nacional de Tierras para solicitar la documentación comprobatoria.
En este sentido vale recordar que el proceso de reparto de tierras y registro de las mismas como consecuencia del reparto de guerras o mejor dicho de las famosas montoneras, no se dio.
En lo que es hoy nuestro estado hay una tradición de la propiedad de la tierra y en este aspecto es comprobable que las tierras del valle tienen legitimidad, en razón de lo cual no hubo justificación alguna para la intervención que produjo el gobierno nacional.
Se incumplieron los términos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela relacionados con la medida de expropiación, ya que hasta el momento a las personas que les intervinieron sus tierras y bienes, no se les ha pagado ni un bolívar, denunció. Primero había que realizar un proceso amistoso y si no se lograba un acuerdo se nombraba un perito, luego de lo cual podría acudirse al tribunal respectivo. No hubo en ningún momento cumplimiento al Estado de Derecho, se violentó y ultrajó la propiedad privada.
El fracaso del gobierno
Lo que ha habido después de la toma arbitraria de tierras por parte del gobierno es un desaguadero de dinero, comentó. Lo que han hecho es pasar rastras que destruyeron sembradíos de caña de azúcar y pastizales, así como otros cultivos que habían en el valle, provocando un deterioro muy grave del suelo.
El gobierno no tomó en cuenta a los trabajadores de las fincas que ocupó arbitrariamente y éstos fueron botados igual que los dueños de los predios, prosiguió. Los poquitos que quedaron y los que fueron incorporados hoy son empleados del Estado, porque a ninguno le han entregado cartas agrarias, ni siquiera están asentados como campesinos con opción a ser dueños de las tierras.
En el Valle del Turbio se ha repetido lo que ha venido ocurriendo en otras partes del país en el sentido de que el gobierno se apodera de las tierras, o más bien las roba, ya que no paga nada a los dueños a pesar de que estos presentan toda la documentación requerida, registrada y comprobable, ni tampoco a ningún campesino le otorga títulos de propiedad. En algunos casos, cartas agrarias, cosa que no han hecho en este valle.
Dijeron los funcionarios del gobierno que sembrarían parchita, pero fue un fracaso al punto que han quitado los alambres que colocaron para que se mantuvieran las enredaderas.
Sembraron maíz que no sirvió siquiera para ensilaje y tuvieron que cortar las plantas porque éstas no llegaban al metro de altura. Del mismo modo han dicho que hay producción ganadera, pero son pocos los ejemplares que se pueden ver. Han instalado algunos invernaderos, pero realmente son galpones con telas de viveros, en donde se mira hacia adentro se puede ver que no hay siembra alguna.
Siembra de mentiras
Ahora han pretendido engañar a la población urbana haciendo ver que el valle es de flores de girasol, pero la verdad es que fueron sembradas a destiempo -en plena época de lluvia- en lugar de haberlo hecho en la época de la salida de agua y, además, no supieron hacerlo, porque la siembra fue mal hecha y se puede apreciar claramente que la fertilización no fue adecuada.
La flor es muy pequeña y la torta, que es donde se produce el grano, demasiada pequeña. En consecuencia esa plantación no va a dar absolutamente ningún resultado. Incluso, no servirá siquiera para hacer coronas para los entierros.
Pero, lo que llama más la atención es que el gobierno en su siembra de mentiras llegó a decirle a los larenses y a los que no saben nada de agricultura que fueron sembradas 125 mil hectáreas de girasol en el Valle del Turbio.
Inventaron el cultivo con increíbles diez niveles, como si se tratara de un edificio de 10 pisos, porque el Valle del Turbio de haberse sembrado completo no llegaría a 12 mil 500 hectáreas cultivables.
Adicionalmente hizo el gobierno un parque infantil en una zona donde no hay urbanización cerca y las familias que pudieran llevar a sus hijos a ese lugar deben tener vehículo, pero estarán expuestos a la delincuencia porque vigilancia es lo que falta en esa instalación.
Fotos: Archivo
