La asignatura Economía de Venezuela que se imparte en la UCLA tiene como primer objetivo de su programa instruccional: “Explicar la dinámica de funcionamiento de la economía venezolana de acuerdo con la Constitución Bolivariana”. El segundo: “Describir la política económica”. El tercero: “Explicar el comportamiento de la economía en los últimos doce años”. Y el cuarto: “Evaluar los resultados a la luz de las directrices trazadas”. Si no fuera por lo importante del tema, afirmaría que es una perdedera de tiempo.
Semestre tras semestre, incluidos los alumnos del posgrado, preguntan con insistencia ¿para qué estudiar y discutir algo que no se cumple? La respuesta invariable de los docentes va de esta guisa: “Porque a esa obvia conclusión se llega después que conoces la Constitución, las políticas aplicadas y los indicadores económicos en cifras; no antes”.
Avanzando el curso, ya expuestos con algún rigor los rasgos particulares de la economía nacional y las políticas desplegadas, nos enfrascamos en otro asunto, arribando a otra conclusión relevante. La política económica diseñada desde 2005 no sólo se aparta de la Constitución, sino que la contradice en todos sus preceptos. Curiosamente, Gobierno y oposiciones, cual espada justiciera, blanden a diario el librito azul, y recitan de memoria párrafos completos, sobre todo los que van desde el artículo 299 hasta el 321, sin que sirva para algo.
En el librito está consagrado entre otras cosas el respeto a la propiedad privada. Prohíbe expresamente crear fondos especiales (Fonden, Fondo Chino, que han manejado más de 140.000 millones de dólares al margen del presupuesto), sin rendir cuentas, terreno fértil para la corrupción. Contempla la seguridad y soberanía alimentaria, que nos ahorramos los comentarios por lo penoso de los resultados. Prohíbe el financiamiento monetario del déficit público por parte del BCV, la emisión inorgánica de dinero, la promoción de las importaciones en desmedro de la producción nacional, y establece un fondo de estabilización para épocas de precios bajos del petróleo que, de haberse logrado tendríamos ahorrado 110.000 millones de dólares. Nada de eso se ha cumplido.
En anteriores ocasiones hemos llamado la atención sobre el punto. En esta línea, un aventajado estudiante nuestro prepara su trabajo de grado argumentando que la crisis y colapso de la economía venezolana es resultado de la violación sistemática de su articulado, del cual daré detalles posteriormente.
El estudio de lo acontecido es un infortunado quebradero de cabeza para los estudiantes. Las políticas implantadas que contravienen la Constitución, aprobadas mediante leyes habilitantes, mecanismos mediante el cual el Ejecutivo se auto-otorga poderes, tampoco se aplican. Pero hay que dominarlas –y sabérselas- de todos modos. Nos enfrentamos a un triple drama: estudiar lo pautado en la carta magna, saber las políticas que la contradicen y conocer las medidas efectivamente aplicadas.
Ha de anotarse que la redacción de la sección económica es precisa, y en casos “promisoria”, en el sentido que refleja una clara vocación de justicia social que no da lugar a interpretaciones del TSJ ni de nadie. De alguna manera es un compendio de previsiones, para no incurrir de nuevo en la lamentable tragedia que significó la crisis del rentismo del siglo pasado que empobreció a mucha gente. En ese sentido, no se aprendieron las lecciones. Es letra muerta, por desgracia.
Al presente, cuando se oye hablar de constitucionalizar las misiones, las pensiones, los clap, las jubilaciones, la chamba, la inflación y otros tantos disparates, -constitucionalizar la pobreza en términos de la profesora Marisela Cuevas- desde la academia nos preguntamos si esto va en serio o es una broma de mal gusto patrocinada desde las altas esferas del poder. La excanciller Delcy Rodríguez en una confesión inaudita revela que: “Si hubiésemos consolidado la independencia económica, no nos estarían afectando con la guerra económica, que comenzó con la baja de los precios del petróleo”. Declaración que contradice al Plan de la Patria y desmiente al propio Chávez, pues el objetivo: “Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años: la independencia nacional, era de lo que más se jactaba. Lo insólito de esta afirmación estriba en la condena a la baja de los precios, cosa que todos anhelamos, para que rinda el salario. Según ella, si alguien reduce los precios está haciendo la guerra.
La realidad económica nacional para martirio de sus habitantes y agobio de los estudiantes, muestra que la potencia energética mundial, con los yacimientos más grandes del planeta, con un gobierno que tuvo todos los poderes en sus manos, expropió empresas y fincas, contó con recursos financieros inimaginables, no es capaz de garantizar, agua, luz ni gas a sus habitantes.
Más que insólito, es indignante saber que en su artículo 91 la CRBV establece que «El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica”. El costo de la canasta es de Bs. 1.230.000 y el salario 250.000. Por eso hay que modificar la Constitución. Los precios y los salarios los fija el Gobierno, pero lo que está mal es la Constitución. Rara lógica.
