Después que fue aplicada la medida de “rescate” de las tierras por disposición del Ejecutivo Nacional en las tierras del Valle del Turbio, ninguna persona ha querido invertir en los predios que todavía están en su poder, porque persiste el temor de que la intervención se puede producir en cualquier momento y no existe la posibilidad de que el Estado venezolano cumpla con lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el sentido de pagar las expropiaciones hechas.
Ahora sí es verdad que se cumple el dicho de que en los campos lo que hay es monte y culebras, comenta Carlos Pérez, presidente de la Sociedad de Cañicultores del Turbio, cuando fue entrevistado por los reporteros de EL IMPULSO. Las fincas se han venido deteriorando considerablemente y no hay posibilidad inmediata de recuperación, sobre todo, porque la situación reinante es de inseguridad jurídica.
Dinero perdido
Al mismo tiempo se ha podido observar que hay peleas intestinas entre los diferentes consejos comunales que quieren apropiarse de algunas tierras porque sus directivos piensan que el gobierno les va a meter la mano, mediante recursos económicos; pero el dinero que se ha gastado hasta ahora ha sido pérdidas para el Estado venezolano, por cuanto si hubo deseo en los funcionarios del gobierno de mantener la producción, se perdió rápidamente, dado que no se ha tenido ningún logro.
Si hay alguna gentecita trabajando es en las fincas Papelón, La Vaquera y en la que era del diputado Eduardo Gómez Sigala; pero en honor a la verdad, son trabajadores del Estado, que reciben un salario como obrero, pero no ven ganancias de la poca producción que pueden tener.
No son propietarios como ocurrió cuando se hizo la reforma agraria que los campesinos pasaron a ser propietarios de los terrenos que les daban con documentación y, por lo tanto, podían gestionar y lograr créditos bancarios para desarrollar sus actividades.
Aún más, a este valle fueron traídas personas de otras partes del país y lo puedo afirmar que aquí, a la sede de la Sociedad, vinieron tres hombres solicitando una colaboración para volver a sus pueblos de Maturín, porque les prometieron darles unas tierras y pasó el tiempo, sin recibir nada y, en consecuencia, como se estaban muriendo de hambre optaron por regresar con sus familias, que habían dejado con la esperanza de traérselas aquí para comenzar una nueva vida.
Se les dio una ayuda para que cubrieran los gastos de transporte porque ellos dijeron que no tenían a quien recurrir, por cuanto fueron traídos; pero no les dijeron a dónde podían acudir para resolver las dificultades que se les pudieran presentar.
Los trabajadores que no se fueron cuando fue tomada la medida de expropiación, se quedaron y cambiaron de patrón, comentó. Los anteriores patrones tenían la obligación de cubrir todas las prestaciones sociales, pero el de ahora es dueño de todo lo poco que pueden producir.
Se perdió el interés en invertir
En cuanto a los cañicultores, han sido afectados en todo, comenzando por el financiamiento, dijo Pérez. A raíz de que se habló de que todos los terrenos del valle pasaban a manos del Estado y, en consecuencia, nadie tenía propiedad, los bancos retiraron el financiamiento no sólo para caña de azúcar, que es un cultivo semi-permanente, sino para todo lo demás.
Antes, los productores daban de garantía la finca a los bancos; pero ahora no porque las entidades financieras exigen la casa o algún negocio que tenga el interesado y, como es natural, nadie está dispuesto a quedar en la ruina.
En el año 2006 fueron molidas 9 millones de toneladas de caña para producir 700 mil toneladas de azúcar y la última zafra, que todavía no ha terminado porque en Carora concluyen en los primeros días de septiembre, creemos que no se llegará a moler 6 millones de toneladas.
Producción en caída
En los últimos seis años ha caído la producción en 3 millones de toneladas, resalta. Se estima que la producción del presente año estará entre 470 mil y 500 mil toneladas de azúcar.
Como nuestro consumo es de 1.200 toneladas al año, habrá que importar 700 mil toneladas, vaticina. En almacenamiento debe haber siempre producto para dos meses, lo que quiere decir que a la cifra anterior deben sumarse 200 mil toneladas más para evitar el desabastecimiento, ya que cuando se hacen los pedidos al extranjero, éstos no llegan de un día para otro, puesto que se requiere de una serie de trámites.
Esa azúcar importada cuesta mucho más que producirla aquí, subraya. En el valle había 348 cañicultores que arrimaban sus producciones al Central Río Turbio; pero hoy quedamos como 175, incluyendo algunos del Yaracuy. El resto del arrime viene de Cojedes, Barinas y Portuguesa.
El Central molió en la siembra pasada 412 mil toneladas, de las cuales 180 mil de su zona de influencia y el resto de los estados mencionados, manifiesta.
Esta factoría llegó a moler un millón de toneladas, porque no existía el temor de ahorita. Para colmo, aún teniendo dinero, no se pueden adquirir los herbicidas, fertilizantes y demás productos que se requieren.
Si el Estado venezolano no atiende este problema, el cultivo de caña de azúcar tiende a desaparecer al cabo de tres o cuatro años, porque es demasiado costoso producir en una zona como el Valle del Turbio, porque no hay los insumos para producir, no existe financiamiento y menos seguridad jurídica.
Tribunales no sentencian a favor de productores
El procedimiento aplicado en el Valle del Turbio por parte del gobierno, para expropiar los predios, fue administrativo, dice Quico Martínez, uno de los 29 afectados por la medida oficial.
El productor había cambiado el rubro de la caña de azúcar por hortalizas y luego a pasto, destinando para tal fin unas treinta hectáreas y también había sembrado maíz.
Una vez que llegaron a su finca San José los funcionarios del Instituto Nacional de Tierras acompañado por soldados de la Fuerza Aérea acudió al Tribunal Agrario.
Al producirse la ocupación, a la siembra de maíz le pasaron rastras y no dejaron siquiera que la comunidad que vive cerca tomara las mazorcas para aprovecharlas en sus sancochos. El pasto lo dejaron perder. Las diez hectáreas niveladas para sembrarlas le pasaron rastras en sentido contrario y dañaron toda la nivelación.
De ahí en adelante no han hecho nada productivo. Al principio sembraron caraotas, pero no se dio. Luego sembraron un conuquito de plátanos y, al parecer, también lo perdieron.
Martínez, después que su caso no tuvo respuesta en el Tribunal Agrario apeló a la instancia superior, pero igualmente no ha tenido respuesta.
La hacienda San José inicialmente tenía 82 hectáreas, pero por una crecida del río que destruyó ribera, llegó a 64 hectáreas, de las cuales cultivables eran 50, por cuanto el resto correspondía a galpones, la casa de habitación y arboledas.
Como mi caso, dice, creo que son todos los demás, porque hasta ahora no tengo conocimiento que los tribunales hayan dictado sentencia a favor de algún productor.
Insistir en el camino legal
No ha habido forma de que se reabra el proceso judicial, sostiene por su parte el Dr. Eduardo Gómez Sigala, diputado a la Asamblea Nacional, a quien también le quitaron su finca y tiene prohibición de acercarse a la misma.
Los jueces en el estado Lara, por cobardía o por otra razón que no puedo precisar, se inhibieron y pasaron todos los casos al Tribunal Supremo de Justicia, refiere. Aunque este organismo, como instancia superior, ordenó que se reabrieran los juicios, no se ha hecho nada al respecto.
Esto quiere decir que no se ha estudiado ninguno de los casos y por lo tanto no ha existido ningún pronunciamiento sobre las actuaciones realizadas por los funcionarios del gobierno, comenzando por los titulares que han pasado por el Ministerio de Agricultura y Tierras.
Por otra parte, denuncia que Aristóbulo Istúriz, el jefe de la fracción parlamentaria del gobierno, es quien gira las instrucciones sobre lo que se debe discutir o no y, por supuesto, ha evitado que el asunto de las expropiaciones arbitrarias haya sido analizado por la Asamblea Nacional.
Su función no ha sido de moderador, sino de gran abusador, pues es quien ha interpretado a su conveniencia el reglamento interno del Poder Legislativo y, por lo tanto, el que decide a quién darle derecho al uso de la palabra y, naturalmente, escoger a los diputados que profieran insultos y no debatan las cosas a fondo.
Debe quedar claro que si no hay inversión, no hay posibilidades de desarrollo, declara. El derecho a la propiedad privada y la autonomía de la justicia están consagradas en la Constitución, motivo por el cual tenemos que seguir insistiendo en continuar por el camino legal: Fiscalía del Ministerio Público, Tribunal Agrario y Tribunal Supremo.
Confiesa que el ministro Elías Jaua lo invitó a su despacho, pero no asistió, porque un problema de esa naturaleza no puede ser planteado sino en el escenario legal.
En lo que respecta a su finca, expresa, esta está siendo utilizada como campamento para la instrucción de milicianos, cuyo objetivo es servir de fuerza armada al régimen.
Agricultura económicamente insostenible
Desde la confiscación de las tierras del Valle del Turbio, los errores del gobierno han sido notorios, afirma el ingeniero Manuel Cols Briceño, ex presidente de la desaparecida Fundación para el Desarrollo de la Región Centroccidental (Fudeco).
Fracasaron las siembras de quinchoncho, lechosa, parchita, entre otros.
El gobierno menciona cultivos de plátanos, ají y tomates, pero no hay una sola cifra.
Ahora pretende impresionar con la siembra de 400 hectáreas de girasol, apreciándose aún extensas áreas sin cultivar.
Además fueron arrasadas más de 5 mil hectáreas de caña de azúcar en Lara y Yaracuy, en cuyas jurisdicciones está ubicado el valle.
El girasol es un cultivo de tradición en Portuguesa, donde los granos son utilizados para la producción de aceite comestible. La extracción de este aceite es posible por la siembra de 60 mil hectáreas, que constituyen el 90 por ciento de la producción nacional. El resto es aportado por Barinas y Cojedes.
Conviene señalar que los suelos del Valle del Turbio se formaron por el desborde del río Turbio durante miles de años y su estructura es muy débil. Están conformados por limo, arcilla y alto contenido de arena. El arado permanente, que requieren los cultivos anuales, como es el caso del girasol, convertirían esos suelos en un gran arenero.
Vale poner de relieve que el girasol genera menos empleo y menos ingresos por hectárea cultivada que la caña de azúcar, pues está totalmente mecanizado, desde la siembra hasta la cosecha, es decir genera empleo para unos pocos tractoristas.
Y además, hay que denunciar que en las fincas confiscadas están controlando la maleza con herbicidas, lo cual es contrario al concepto de agricultura ecológica que debe promoverse.
Fotos: Archivo
