Las esperanzas de que los precios del azúcar bajarían o al menos se mantendrían en el país se están perdiendo a consecuencia de la inexistencia de políticas oficiales para incrementar su producción.
En eso coinciden dirigentes de cañicultores consultados en diferentes zonas productoras de caña dulce.
Para José Ricardo Álvarez, presidente de Fesoca, el organismo que los agrupa, el Gobierno nacional no ha cumplido a tiempo con los precios acordados entre las partes, lo que obliga a nuevas reuniones.
Explicó que hace tres semanas se llegó a la conclusión de que el kilo de azúcar, en los anaqueles, debía estar por el orden de los 60 mil bolívares el kilo, pero esos precios nunca fueron oficializados por el gobierno y ahora podría ser más alto.
Álvarez señaló que los costos de producción están acogotando a los cañicultores porque los insumos no se consiguen y si los hay es a precios escandalosos, incrementándose de manera alarmante los gastos por servicios de cosecha, en los que se incluye el aceite para los motores de las maquinarias y los vehículos utilizados para el transporte de la caña de azúcar a los centrales.
Igualmente puso como ejemplo el caso de las siembras, explicando que anteriormente se recogían 45 toneladas de caña por hectárea, pero ahora, por faltas de los químicos necesarios, esos promedios se han reducido sustancialmente.
Otro punto negativo son los centrales, de los cuales sólo están operativos 4 de los 5 privados, mientras que, de los 10 públicos, apenas 3 han arrancado con la zafra, limitándose a refinar azúcar cruda importada.
El presidente de Fesoca también hizo una advertencia sobre el peligro que para la salud representa el consumo de azúcar cruda, que no ha sido refinada, la que es distribuida de manera inescrupulosa después de haber sido obtenida durante asaltos a camiones que transportan las cargas desde los puertos.
Tanto Álvarez como otros dirigentes de cañicultores no descartan que los precios del azúcar continúen incrementándose por diferentes factores, entre los que pueden señalarse, la disminución de fincas dedicadas a ese rubro, la falta de insumos necesarios para las siembras, el estado en que se encuentra la mayoría de los centrales azucareros del país, tanto oficiales como privados y los pocos incentivos por parte del gobierno hacia aquellos productores que persisten en el rubro, esperanzados en que algún día se aplicarán políticas que les permitan recuperar sus producciones.
