Los aumentos salariales se han convertido en Venezuela en una cotidianidad preocupante.
Cada dos meses el Presidente de la República, Nicolás Maduro, decreta un aumento en el ingreso mínimo integral, que oscila entre 30 % y 50 %, lo que se traduce en incrementos proporcionalmente mayores en los precios de productos y servicios del país.
Dichos aumentos preocupan aún más a los trabajadores públicos, no sólo por tener que pagar en la compra de productos en el mercado dichos incrementos incluso antes de su entrada en vigencia, sino también porque estos acomodos salariales les llegan con dos y hasta tres meses de retardo, como ocurre en la Alcaldía de Iribarren, la cual denunció a principios del mes que apenas esperaba el desembolso de recursos adicionales enviados por el Ejecutivo nacional, para el pago a partir del 15 de julio del salario vigente desde mayo de Bs. 65.021,00
Sin embargo, el salario mínimo decretado a partir del 1 de julio es de Bs. 97.531,00. A este aumento en los costos de nómina se suman los ajustes del bono de alimentación.
Al respecto, la coordinadora de la Unión Nacional de Trabajadores (Unete), Marcela Máspero expresó un mensaje de apoyo y solidaridad absoluta con el alcalde Alfredo Ramos, líder que inició su trabajo desde las bases de los trabajadores.
Sobre la práctica bimensual de aumento salarial, indicó que cada vez que el Gobierno se siente acorralado, por la problemática económica, política y social “tira un globo de ensayo” como el aumento de salario mínimo, pero esta jugada ya no tiene efecto.
“El último aumento salarial ya estaba maquiavélicamente definido”, comentó la sindicalista, quien aseveró que el incremento vigente a partir del 1º de julio es “una medida de distracción”.
Pero, a pesar de las intenciones, la ciudadanía ya no presta atención positiva al aumento. La problemática social es mayor y por el momento, las fuerzas del pueblo están concentradas en el rechazo a la constituyente y recuperación del hilo constitucional.
El cestaticket socialista se encuentra 157 % por encima del salario mínimo, lo cual es ilegal por representar la bonificación del salario por no computarse para demás beneficios laborales. Esto violenta la Constitución y la Ley Orgánica del Trabajo.
“Al anunciar la medida las personas se arrepentían de haber votado por este señor”, expresó Máspero, quien recordó que según el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el aumento del salario mínimo debió ser similar al costo de la Canasta Básica Familiar, que dijo alcanza los Bs. 2 millones.
Los venezolanos sopesan una inflación acumulada de 2.093 % y los precios de los alimentos aumentan continuamente.
Medidas como estas se formulan sin que se promueva la producción nacional y mientras trabajadores de empresas públicas, algunas expropiadas, no gozan de los beneficios laborales suficientes. Empleados de empresas privadas se ven afectados por la falta de utilidad y productividad.
