La Contraloría del estado Lara resolvió inhabilitar política y administrativamente a varios funcionarios activos de la Gobernación de Lara por presuntamente incurrir en irregularidades administrativas.
Se trata de Carolina Fortoul, presidente del Instituto de Vialidad del estado Lara (Invilara); Rosángela Pereira, presidente de la Corporación de Turismo del estado Lara (Cortulara); Jean Moreno, presidente de Hidrolara; José Torrealba, presidente de la Fundación Complejo Turístico Agropecuario Juan Canelón; Oswaldo Rojas, director de Finanzas de Avanzada Progresista y asesor de la Comisión de Ambiente de la AN y Helímenas Añez, presidente de la Corporación de Desarrollo Endógeno.
“Por instrucciones del contralor general de la República, Manuel Galindo, la contralora del estado Lara, Rosa Colmenárez, se vio obligada a participarle a Falcón que debía desincorporar del cargo a los citados funcionarios. También está obligada a enviar el expediente al fiscal superior de Lara y Fiscalía 22 para que se proceda a la imputación respectiva”, declaró ayer Rubén Morales, del Frente Anticorrupción, en visita a EL IMPULSO.
Se conoció que tras hacerse pública y notoria la sentencia el pasado viernes 28 de septiembre los funcionarios habrían sido separados de sus cargos. No obstante, el Ejecutivo regional no ha informado sobre esto ni acerca de los nuevos directores.
Morales declaró que al menos 80 % de los funcionarios del Ejecutivo regional estarían incursos en irregularidades y que la decisión de la Contraloría General de la República es producto de una investigación de vieja data que a su juicio ‘permanecía represada y engavetada en la oficina de Rosa Colmenárez’.
Morales cree que debido a presiones del Frente Anticorrupción y al momento electoral, la Contraloría General de la República decidió pronunciarse.
Recordó Morales que la Contraloría general del estado Lara dio a conocer a través de su página web en diciembre del 2013 las resultantes del informe de gestión con respecto al seguimiento y control del primer año de gestión de Henri Falcón en el año 2009, el cual dio a conocer que Carolina Fortoul fue declarada con responsabilidad administrativa en los expedientes DDR-04-13 y DDR-07-13 motivados al delito relacionado con fraccionamiento de contrataciones y otorgamiento de contrataciones directas.
Agregó que en ese mismo informe aparecen señalados Oswaldo Rojas con el expediente DDR-06-13, DDR-11-13 y el DDR-15-13, así como Adriana Díaz, quien ejerció como presidente de Hidrolara. Los delitos de estos ciudadanos están motivados a fraccionamiento de contratos realizando contrataciones directas sin los actos motivados, siendo lo correcto el llamado a modalidad de concurso abierto, también efectuaron pagos sin la suficiente motivación y documentación.
En esta misma condición se encuentran Helímenas Añez, presidente de la corporación de Desarrollo Endógeno; y Rosángela Pereira,presidente de Cortulara.
Estos delitos se encuentran estipulados en el Art. 37 de la Ley de Contrataciones Públicas que prohíbe el fraccionamiento de contratos. Delito igualmente consagrado en la Ley contra la Corrupción y en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.
El Art. 91 establece sanciones a la inobservancia parcial del procedimiento de contratación de contrataciones según lo previsto en la Ley de Contrataciones. Las violaciones reiteradas a estas leyes, revisten investigación inmediata de carácter penal según lo establece la Ley Contra la Corrupción.
“La fallecida Alix Bonilla y la actual contralora engavetaron el informe, no le dieron curso a las sanciones ni a las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos, tampoco a las sanciones pecuniarias, tal cual como lo establece el contenido de la Ley Orgánica de Contraloría General de la República”.
El entrevistado añadió que la Contraloría General de la República, en su informe de gestión 2013 que se corresponde con el período de gestión 2009 -2010 de Falcón, concluyó que 80 % de los funcionarios que acompañan al gobernador, cometieron delitos de corrupción.
“Eso estaba engavetado pero quizás atendiendo a la conveniencia electoral ahora sale a la luz pública”.
Explicó que Carolina Fortoul habría incurrido en el delito de fraccionamiento de contratos para favorecer a determinada contratista. Oswaldo Rojas por fraccionar el contrato de suministro de agua potable y fraccionar el seguro HCM de Hidrolara; José Torrealba por contratación directa y violar la ley de licitaciones; Rosángela Pereira por efectuar pago de cancelación de factura sin soportes a agencias de festejos; Helímenas Añez por pago de obras que no se hicieron; Armando Orozco por inexistencia de recursos para el mantenimiento del parque automotor; Jean Moreno por fraccionamiento de contratos y evasión de procesos licitatorios y concierto con contratistas violando el articulo 91 de la Ley Orgánica de Contraloría general de la República.
“Otros funcionarios sancionados son Armando Orozco (expresidente de Metrobus-Lara), José Ramón Arrieche (expresidente de la Corporación de Desarrollo Endógeno), Adriana Díaz, Karla Sosa, Pdte. del Instituto de la Juventud de Lara por incorrecta imputación presupuestaria; Chiquinquirá Hidalgo, cuentadante de Invilara así como Crisanto Pérez, jefe de los ingenieros de Invilara y los comités de contrataciones de Invilara e Hidrolara, por estar incursos en evasión de procesos licitarios. Ninguno de estos funcionarios debería ocupar cargos públicos”. Pablo Sepúlveda no aparece en este informe pero en 2013 la comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional lo sancionó por encontrarse incurso en el delito de represamiento de dinero de Fundasalud en la banca privada”.
Morales emplazó a los diputados del Consejo Legislativo del estado Lara a fin de que se pronuncien sobre esta materia. Asimismo, exhorta a la sociedad civil larense, Red de Instituciones Larense, diputados de la Asamblea Nacional, partidos políticos, constituyentitas e iglesia, a pedir una aclaratoria al gobernador Falcón, quien encabeza la gestión progresista.
