Dos semanas habrían pasado para que el concejal venezolano Carlos García recibiera atención médica tras sufrir un infarto cerebral en prisión. Su muerte, precedida de una agónica búsqueda de medicamentos, puso de relieve la situación de varios opositores presos.
García, de 44 años, falleció el domingo en un hospital de San Cristóbal (oeste), adonde fue trasladado el 18 de agosto desde los calabozos del servicio de inteligencia (Sebin) en Guasdualito, de donde era edil.
«Mi hermano sufrió un ACV (accidente cerebrovascular) a principios de agosto y durante dos semanas no lo atendieron, pensaron que estaba fingiendo. Cuando lo movieron al hospital ya estaba en muy malas condiciones», dijo telefónicamente a la AFP Yhorlenys Aular.
Hasta ahora, ninguna autoridad del gobierno se ha referido a las circunstancias del deceso.
García contrajo además una bacteria en el cerebro y llevaba tres días sin medicación, añadió la hermana.
La familia publicó pedidos de ayuda en internet para conseguir antibióticos, recurso al que apelan muchos venezolanos ante el agudo desabastecimiento de medicinas.
El político, de quien se publicó una foto en el hospital con evidente pérdida de peso, había sido detenido el 17 de diciembre de 2016 acusado de hechos violentos durante una protesta por escasez de efectivo.
Las autoridades aseguraron que estaba en posesión de una elevada suma de dinero, pero sus familiares y el Partido Primero Justicia, en el que militó 17 años, afirmaron que el Sebin forjó las evidencias.
Además, «sufría de hipertensión y depresión severa», aseguró este lunes su copartidario y diputado Tomás Guanipa en una rueda de prensa en la que culpó de la muerte al gobierno.
«Condiciones inhumanas»
García, quien según Primero Justicia estaba detenido sin cargos, había recibido el pasado viernes una medida de arresto domiciliario que no llegó a cumplirse.
Formaba parte de unas 566 personas a quienes la oposición considera «presos políticos», entre las cuales figuran el dirigente Leopoldo López y el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, ambos con prisión domiciliaria.
«En casi todos los casos su situación es lamentable porque están sometidos a condiciones inhumanas e insalubres», señaló a la AFP Gonzalo Himiob, de la ONG Foro Penal.
Himiob apuntó que la muerte de García se suma a la del piloto Rodolfo González, de 63 años, quien según el gobierno se suicidó en la sede del Sebin en Caracas el 13 de marzo de 2015.
La familia del aviador -acusado de conspirar contra el gobierno de Nicolás Maduro- rechaza esa versión.
En los últimos meses se multiplicaron las denuncias sobre el deterioro de la salud de opositores presos; también, las de torturas a detenidos durante manifestaciones contra Maduro que dejaron unos 125 muertos entre abril y julio.
Es el caso del parlamentario Gilber Caro, capturado el pasado 11 de enero acusado de planear acciones terroristas y quien este lunes completó ocho días en huelga de hambre. La defensa asegura que padece múltiples afecciones.
«Lo que le pasó a García le puede pasar a Gilber Caro y a muchos otros», advirtió Guanipa.
Hermetismo
Uno de los casos sensibles es el del diputado regional Wilmer Azuaje, preso desde mayo pese a que en julio un tribunal ordenó excarcelarlo.
Una imagen de Azuaje encadenado a una escalera en los calabozos del Sebin en Caracas fue presentada por la oposición como prueba de vejámenes a sus militantes.
«A Wilmer lo que come lo hace vomitar por la mala calidad de la alimentación. Lo mismo le pasa a Gilber Caro, a quien le tiran la arepa por debajo de la puerta», aseveró Guanipa.
La familia de Yon Goicochea también ha expresado preocupación por la salud del político venezolano de origen español, quien lleva un año preso pese a tener boleta de excarcelación.
El hermetismo suele rodear estos casos, como ocurrió en agosto con el general Raúl Baduel, exministro de Defensa del fallecido Hugo Chávez. Fue trasladado de prisión y su familia no pudo verlo durante 23 días, al cabo de los cuales, dijo, lo encontró con la misma ropa y barbado.
El gobierno, que niega que en Venezuela haya presos políticos, evita referirse a esas denuncias, aunque algunos funcionarios rechazan que los tratos crueles sean una práctica generalizada.
En lo que presentó como una muestra de sensibilidad, el dirigente chavista Diosdado Cabello pidió a la justicia cerrar un proceso por difamación contra el político y periodista Teodoro Petkoff, de 85 años, por hallarse enfermo.
Petkoff tenía prohibido salir del país.
La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) exige la liberación de los «presos políticos» como condición para negociar con el gobierno un acuerdo que ponga fin a la grave crisis política y económica.
Las partes iniciaron el pasado miércoles en República Dominicana contactos para sentar las bases de un posible diálogo.
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