Pese a que no ha sido el autor de ninguna decisión de las que le arrebataron competencias a la Asamblea Nacional o que le impidieron ejercer sus funciones, el magistrado Maikel Moreno figura entre los 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a los que más de 30 países le han impuesto sanciones. ¿Las razones? Pueden ser varias: En primer lugar su cercanía al presidente Nicolás Maduro, cuyas decisiones son todas favorables a los intereses del Ejecutivo, o su pasado.
La alineación con el mandatario quedó de manifiesto durante el acto de apertura judicial de 2018, donde el magistrado animó al Jefe del Estado a mantener “la fuerza y el ímpetu para fortalecer la seguridad, defensa y soberanía de nuestra Nación” y le pidió tener “absoluta confianza que el Tribunal Supremo de Justicia y por ende el Poder Judicial, con el instrumento de la Ley y el Derecho, garantizaremos la incolumidad de nuestra Patria”.
Posteriormente, en una entrevista televisada, el funcionario refutó que en el país hubiera una dictadura, tal y como lo señalan distintos gobiernos extranjeros o la Organización de Estados Americanos (OEA). “El Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha ganado las elecciones del 20 de mayo en buena lid por la votación de seis millones seiscientos mil venezolanos”, señaló haciendo caso omiso a los señalamientos de presiones y compra de votos.
Desde que en diciembre de 2014 fuera elegido magistrado de la Sala Penal, Moreno ha adoptado decisiones controversiales. Así, en enero de 2017 fue el autor de la sentencia que ratificó la condena a más de 14 años de prisión contra el dirigente opositor Leopoldo López o la que meses antes le negó a España la extradición del etarra José Ignacio de Juana Chaos, alegando que no sabía si estaba en el país; además también autorizó el cierre de varias denuncias de corrupción contra altos funcionarios como los constituyentes Diosdado Cabello y Pedro Carreño.
Asimismo, ex colegas suyos, como la magistrada Emérita Carmen Elvigia Porras, lo señalaron de presionarlos para que se jubilaran anticipadamente luego de las elecciones parlamentarias de 2015 y así permitirle a la saliente Asamblea Nacional, aún controlada por el chavismo, designar a sus sucesores.
“Él (Moreno) me dijo: “Esto es una orden” y que no era una cuestión de “pedir una jubilación” y me advirtió que me seguiría presionando, porque era un trabajo que le dieron. Yo respondí: “Me están presionando y coaccionando, esto no puede pasar en la casa de la justicia”, relató la exfuncionaria ante la Comisión especial que el Parlamento designó para estudiar esos nombramientos.
Pero por si fuera poco a esto habría que agregarle el pasado del magistrado. Moreno ha sido señalado de haber sido procesado por dos homicidios a finales del siglo pasado, cuando se desempeñaba como funcionario de la extinta Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip). El magistrado o ninguna otra autoridad ha despejado qué ocurrió con esas averiguaciones.
Pese a estos registros Moreno ingresó al Poder Judicial en 1994 como alguacil y con el chavismo en el poder, fue designado juez de Control tras haberse dado a conocer públicamente como defensor de los algunos de los autores de los disparos ocurridos el 11 de abril de 2002, conocidos popularmente como “Los Pistoleros de Puente Llaguno”.
Como juez tuvo en sus manos el caso del asesinato del fiscal Danilo Anderson, ocurrido en noviembre de 2004. Posteriormente fue nombrado juez antiterrorista y magistrado de la Sala 7 de la Corte de Apelaciones de Caracas. Sin embargo, fue aquí donde su carrera en el Poder Judicial pareció terminar, porque el 23 de febrero de 2007 la Sala Constitucional del TSJ le ordenó a la extinta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial destituirlo, junto a otros dos magistrados, por haber incurrido en un error inexcusable al favorecer a los asesinos de una abogada.
Sin embargo, en 2014 consiguió que el Parlamento dominado por el chavismo lo nombrara magistrado, pese a que varios de los entonces miembros del TSJ no veían con buenos ojos esta designación, porque algunos de ellos participaron en el procedimiento administrativo que terminó con su remoción siete años antes.
La cercanía de Moreno con el mandatario, de quien se dice que es “compadre”, le habría reabierto las puertas del Poder Judicial. Tras la destitución del ahora presidente del máximo juzgado Maduro, quien se desempeñaba como Canciller, lo nombró cónsul en Roma, entre otros cargos diplomáticos.
Todo esto pudo llevar a Washington, después a Ottawa, Bruselas y a Panamá a incorporar a Moreno en sus listas negras, lo cual se traduce en anulación o prohibición de otorgarle visas y la congelación de sus fondos y bienes en esos países.
