Cuba y Bolivia son los países que comparten con Venezuela el estado de indefensión que tienen sus ciudadanos a la hora de exigir a sus gobernantes que les rindan cuentas sobre su gestión.
Así lo indica el informe Saber Más que realizó la Alianza Regional sobre la Libre Expresión e Información, presentado este miércoles en Caracas por el secretario ejecutivo de la organización, Moisés Sánchez.
«Hay 22 países de las Américas que tienen leyes de acceso a la información pública, excepto Venezuela, Cuba y Bolivia. Este instrumento legal es la base del diálogo democrático que en los países donde se ha adoptado ha contribuido a desarrollar una relación más horizontal entre los ciudadanos y el Estado, siendo el caso más reciente el de Argentina, del cual nos sentimos orgullosos», advirtió el investigador en el marco de un foro realizado en la Asamblea Nacional por la celebración del Día Mundial del Derecho a Saber.
El balance regional refleja una situación estudiada de cerca por las organizaciones no gubernamentales Transparencia Venezuela y Espacio Público, miembros de la Alianza y redactores del capítulo nacional. Ambas llegaron a la conclusión de que «en la práctica se ha implementado en las instituciones públicas una cultura de secreto», que ha sido validada por 15 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que «justifican» la opacidad de la gestión pública y niegan el derecho de los ciudadanos a la información.
«En Venezuela no hay acceso a la información pública, y esa opacidad ha contribuido a la violación de Derechos, al abuso de lo público, a promover y esconder la corrupción, generar ineficiencia y una impunidad en aumento», señala el informe.
Horizontes
Para adaptarse a la corriente regional, la Asamblea Nacional realiza los últimos ajustes al proyecto de Ley de Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información Pública que será presentada en octubre a su segunda discusión, que replica la Ley Modelo de la Organización de Estados Americanos y recoge los estándares internacionales sobre este tema.
“Es necesario que todos los actores de una sociedad estén informados para poder tomar decisiones. La no publicación de los datos públicos constituyen una violación flagrante a los derechos humanos”, indicó el vicepresidente de la AN y presidente de la Comisión Mixta que elabora el proyecto legal, diputado Simón Calzadilla.
Informó que bajo éste precepto en los próximos días la plenaria debatirá un proyecto de acuerdo para exigir al Banco Central de Venezuela la publicación de las cifras de inflación; al Ministerio de Salud el boletín epidemiológico y al Ejecutivo Nacional toda aquella información considerada como pública que ha venido siendo estratégicamente ocultada desde hace al menos un año.
Por su parte, Moisés Sánchez celebró el desarrollo de la legislación venezolana. «En base a la presentación de este informe en Caracas queremos dar una señal de apoyo a todos los debates que se están llevando adelante sobre proyectos de información», manifestó.
