La narrativa de la suprema felicidad sostiene que llegaremos a ese estadio cuando “todos vivamos en similares condiciones”. La política salarial en la última década se ha venido alineando con este objetivo.
Antes de entrar a discutir el punto central cabe decir categóricamente que la caída del poder adquisitivo nada tiene que ver con la caída de los precios del petróleo, pues fue diseñado de ese modo.
La propaganda oficial vende la “homologación” de salarios como una medida de justicia social. Esta aspiración se aparta de la Constitución y las leyes. Aun así, sigue su curso. La homologación se va alcanzando paulatinamente sin intervención de empleadores, sindicatos ni trabajadores. Lo más extraño, más bien inconcebible, es que tal empeño se lleva a cabo bajo un régimen que reclama a grito entero reivindicar la democracia protagónica, participativa y de consulta abierta.
Mediante decretos presidenciales que simulan concretar lo dispuesto en el artículo 91 de la Constitución, que impone al Estado la obligación de efectuar ajustes anuales del salario mínimo en proporción con el valor de la canasta básica, un día cualquiera aparece, especie de revelación de la bondad presidencial, un ajuste no que no es ni de lejos proporcional ni se compadece con los índices inflacionarios, causando un enorme perjuicio a los trabajadores. Desde 2013 a esta fecha ha habido 13 ajustes, el salario mínimo ha crecido en 1.914% mientras que la inflación ha sido de 2.540% El empobrecimiento de los trabajadores es evidente, su poder adquisitivo se ha mutilado en un 35%. Irónicamente, se habla de protección del salario y del trabajador.
Sobra decir que tal práctica contradice los tratados internacionales vigentes sobre la materia y la propia doctrina socialista, sobre la cual se asienta el discurso. Pues, si en algo fue insistente Marx, fue en que las remuneraciones al factor trabajo en una nueva sociedad tendrían que atender al principio de: “A cada quien según su capacidad, a cada quien según su necesidad”. Que en nuestro medio equivale a decir, pagar según el mérito, la calificación, la competencia. Pero que en el sedicente socialismo venezolano desprecia, ya que el Plan de Patria establece una especie de nivelación a juro.
Dice ese documento que no debe haber diferencias en las remuneraciones que surgen de la posición jerárquica derivada de la división del trabajo. Oculta convenientemente los procedimientos o mecanismos que harán posible llegar a esa situación ideal. La estrategia se revela, la bonificación del salario, en momentos de emergencia, pero con o sin Estado de Excepción, ella se iba a poner a rodar.
Sobre este tema conviene traer a cuento lo anotado en otra ocasión. El bono tiene carácter universal, queriendo decir con esto que rige para todos los trabajadores, independientemente de su calificación, remuneración, ocupación, jerarquía, antigüedad; no sólo para los perceptores de salario mínimo. En su determinación, se conjugan dos variables, salario básico y Unidad Tributaria (UT), con la particularidad de la fijación de ambas son exclusiva potestad de Nicolás Maduro.
Valga redundar para despejar cualquier equívoco, para nada se contempla el concurso del trabajador, del sindicato, del gremio o asociación laboral al cual se encuentre afiliado. Sin embargo, el Plan Socialista establece que, “por encima de lo urgente y lo inmediato”, será posible “Sustituir la concentración y centralización de la toma de decisiones por una genuina autonomía descentralizada” (Pág. 21).
Detrás de la medida está el poder, por el poder mismo, además de “nivelar por abajo”, sólo el presidente Maduro puede fijar el salario, el bono y la unidad tributaria. Consecuente con tal propósito, para el resto de los trabajadores, aquellos que no calzan en el salario mínimo, las revisiones proceden cada dos, tres y hasta 5 años, con ajustes inferiores a la inflación. Salvo que la piedad del primer mandatario quiera socorrer a un sector en particular, por ejemplo los bomberos o los militares.
De ajuste en ajuste se llega al final del trayecto, al salario único, sin importar si se trata de profesionales calificados, obreros rasos, jubilados, pensionados, o perceptores de ayudas sociales a través de misiones o programas similares. Tal como aconteció en países que adoptaron el llamado socialismo real.
Al presente se insinúa la figura del salario social, como cláusula compensadora en las convenciones colectivas, propuesta que debe ser analizada con reservas. Se trata de una operación de exclusión muy creativa, vestida con ropaje de justicia. En los tabuladores salariales aparecen nivelados los trabajadores que realizan la misma actividad. Pero, mediante el cuento del salario «social», que no constituye obligación alguna ni reviste carácter legal, se remite a misiones, operativos, «selecciones justas» y otros mecanismos discrecionales para asignar viviendas, tabletas, lavadoras, pantallas planas, bolsas de comida, etc., consagrando así el derecho a figurar en una lista de espera. La idea es sembrar la esperanza de que el salario es o puede ser mayor que el señalado en las tablas.
¿Qué criterios privan para seleccionar los aspirantes a obtener celulares o sacos de cemento?
