Paul Samuelson, norteamericano y premio Nobel de Economía, señaló con propiedad hace muchos años que una predicción económica no podría ser siempre totalmente acertada.
Si a esto le agregamos que se trata de una economía como la venezolana, la tarea de realizar estimaciones macroeconómicas se torna harto difícil por varias razones: la primera y probablemente la más importante resulta ser que quienes toman las decisiones económicas en nuestro país lo hacen sin conocimiento de causa, pues, es por todos conocido que casi ninguno de ellos es economista ni ha estudiado una carrera afín.
Segundo, una de las grandes dificultades a la que nos enfrentamos a la hora de analizar las políticas económicas y posibles estrategias para superar la crisis que vivimos, es la ausencia casi total de información oficial sobre los indicadores macroeconómicos a estimar.
Tanto el Banco Central de Venezuela como el Ministerio de Economía y Finanzas, así como el Instituto Nacional de Estadística, han ocultado la información básica sobre el comportamiento de la economía venezolana.
Y tercero, producto, probablemente, de la primera premisa y del modelo ideológico económico del Gobierno nacional, las decisiones de política económica están abiertamente reñidas con la lógica y la racionalidad económica.
Estos tres factores dificultan sobremanera la tarea de estimar el futuro de nuestra economía y hacen que los analistas económicos tanto nacionales como extranjeros deban acudir a otras fuentes de información extraoficiales y cálculos propios, con un sesgo implícito para poder realizar proyecciones sobre nuestra economía.
Al intentar proyectar la situación de la economía en su conjunto, no se puede ignorar la influencia del pasado, pues su estado actual depende, precisamente, del comportamiento de los principales indicadores macroeconómicos recientes e incluso en años previos.
Estudiando las tendencias anteriores se podría inferir, ceteris paribus, lo que podría esperarnos en el futuro próximo, tanto a corto como a mediano plazo (Keynes señalaba que en el largo plazo todos estaríamos muertos).
No obstante debemos adelantar que lamentablemente las perspectivas de la economía para finales de este año no lucen muy alentadoras. Eso lo señalan casi todos los analistas económicos de nuestro país, así como organismos económicos internacionales de muy alta credibilidad.
El principal motivo de sus diagnósticos proviene probablemente del precario comportamiento que ha exhibido nuestra economía a lo largo de los últimos tres años, producto, entre otras muchas causas, de la disminución progresiva de los precios del petróleo, de las erradas, contradictorias e ilógicas medidas de política económica, para intentar, sin éxito, afrontar la crisis que padecemos; y por la implementación de un modelo económico totalmente desfasado y agotado que el Gobierno nacional insiste en aplicar.
Desde hace varios años, la mayoría de los analistas económicos, nacionales e internacionales le hemos venido advertido al Gobierno nacional el deterioro socioeconómico que ha presentado nuestra precaria economía, manifestado a través del comportamiento negativo de las más importantes variables macroeconómicas de nuestro país.
Lamentablemente, el Ejecutivo nacional no solo no nos oyó, sino que no nos creyó. Solo por ofrecer un ejemplo: el 30 de enero de 2014, un grupo de 47 economistas se pronunciaron públicamente ante el deterioro socioeconómico por el que viene atravesando el país.
Planteaban que los desequilibrios acumulados en materia fiscal, monetaria y cambiaria, se manifestaban en una tasa de inflación de las más altas del mundo, una escasez desbordada, un déficit del sector público excesivamente alto, el indebido e inconstitucional financiamiento monetario del Banco Central de Venezuela para cubrir estos déficits, y una severa restricción de divisas al sector productivo nacional, entre muchos otros planteamientos.
Posteriormente, en enero de 2015, sesenta economistas publicaron otro documento en el cual explicaban las grandes dificultades económicas del país, de dónde provenían y cómo deberían ser enfrentadas. Señalaban, entre otras cosas, que la situación que se estaba viviendo entraba en una fase de auténtica emergencia económica. Una vez más, el Gobierno nacional desatendió estas serias advertencias hechas por lo más granado de nuestros economistas, ninguno de los cuales ocupaba ni ocupa cargo público alguno, lamentablemente.
En el año 2015 la economía exhibió sus resultados más oscuros en toda su historia: la inflación más elevada del mundo, estimada por las muy conservadoras cifras del Banco Central en 180%, una disminución de la producción nacional en 4.8% hasta el tercer trimestre del año y unos niveles de escasez y desabastecimiento nunca antes vistos.
Por si fuera poco, un estudio realizado por la Universidad Central de Venezuela, la Simón Bolívar y la Católica Andrés Bello, concluyó que en el año 2015 existía en el país un 73% de hogares en estado de pobreza y un 87% de los encuestados no percibía ingresos suficientes para cubrir el costo de los alimentos.
Todo esto ocurre en un país cuyo Gobierno nacional se jacta de decir (y es totalmente cierto) que tiene las reservas probadas de petróleo más elevadas del mundo. ¡Vaya ironía!
Finalmente, pero no menos importante, debemos señalar que las tendencias observadas durante estos últimos tres años han hecho mella en nuestra debilitada economía este año que está casi por concluir y los resultados no pueden ser diferentes.
Es más, me atrevería a señalar con el debido respeto que son peores que los años previos y las estadísticas económicas no oficiales así lo confirman. Recuerden que en lo que va de año ni el Gobierno nacional ni el Banco Central han publicado cifras sobre nuestra economía. Solo las referentes a los aumentos del salario mínimo.
De acuerdo con estimaciones de varios analistas económicos la tasa de inflación mensual durante este año ha promediado entre 20 y 25%, con la excepción del mes de agosto, cuyos montos están en alrededor de 27% y la inflación acumulada desde enero es superior al 300%. Pero si nos referimos a la inflación solo en alimentos, la firma Ecoanalitica señala que en el mismo lapso ha sido superior a 500%.
Si a esto le agregamos que en el último trimestre del año los precios suben con mayor proporción por razones de las compras de útiles escolares en septiembre y octubre, así como las compras navideñas entre noviembre y diciembre, es razonable inferir que la tasa de inflación promedio a finales de año podría oscilar, siendo conservador, entre 500% y 600%
El Fondo Monetario Internacional la ha estimado en 720%, antes de medir el impacto de los ingresos salariales recientemente decretados. Pero si estimamos la inflación solo en el rubro de alimentos, podría establecerse entre 900 y 1.000%.
De darse este último supuesto, estaríamos frente a un fenómeno nunca antes experimentado en nuestra historia republicana, que hemos denominado “depreflacion”: una mezcla letal de aguda depresión económica y una muy elevada inflación. Recuérdese que la liquidez monetaria que a mediados del mes de agosto se encontraba en 5.5 billones de bolívares, según cifras del instituto emisor, sufrirá un inusitado Incremento en este último trimestre, como resultado del costo económico en que debe incurrir tanto el Estado como el sector privado, para cumplir con el decreto de aumento salarial y el bono de alimentación.
Para que tengan una somera idea, según un análisis elaborado por el economista Francisco Rodríguez, este aumento obliga al Gobierno nacional a desembolsar 766 mil millones de bolívares extras en el último trimestre del año (Quinto Día, del 2 al 9 de septiembre, pág. 14) Si tomamos en cuenta que el sector público pudiera absorber un máximo de 25% de la población económicamente activa, el sector privado deberá erogar tres veces ese monto (más de dos billones de bolívares).
Al entrar al torrente económico, esta inmensa cantidad de dinero (más de la mitad de la liquidez monetaria actual) el resultado inmediato al no existir su contraparte en producción, será un aumento más que proporcional en los precios de los bienes y servicios, atizando aún más los elevados niveles de inflación.
Y por último, en relación con nuestro principal indicador macroeconómico como lo es la producción nacional o el Producto Interno Bruto (lo que no es otra cosa que el tamaño de nuestra economía), las estimaciones no oficiales lo sitúan, al igual que en años anteriores, con una tasa de decrecimiento, pero esta vez en mayor grado.
Las cifras de Conindustria señalan que nuestras instalaciones operan a un 40% de su capacidad instalada y el Gobierno nacional no ha honrado las deudas con los acreedores internacionales, ubicadas en 12.000 millones de dólares, según la misma fuente, lo cual dificulta la posibilidad de seguir produciendo.
En conclusión, la producción nacional continuará disminuyendo, en esta oportunidad entre -8% y -10%, lo cual coincide con estimaciones hechas por analistas económicos y por el propio Fondo Monetario Internacional.
