La orden que los pequeños comerciantes y vendedores informales del peaje Caseteja, en la autopista Barquisimeto-Yaritagua, recibieron por parte del Secretario de Seguridad de la gobernación de Yaracuy, fue tajante: “Tienen plazo hasta el viernes para desaparecer de aquí, si no, vendremos con máquinas y policías a sacarlos”.
Eso ocurrió a comienzos de semana, lo que mantiene preocupados a quienes, desde hace tiempo, ganan los sustentos para sus familias vendiendo arepas, cachapas, café, pollos asados, alquilando teléfonos o reparando cauchos a los vjajeros.
“Somos unas 80 personas entre quienes trabajamos de día y de noche, algunos hasta con 20 años, como yo”, dijo Elisa Torres.
Junto a ella estaban, Milagros Hernández, con 20 años también, vendiendo arepas relllenas; Alfredo Quero, confitero, Tamara Rojas, cafecera, Lino Sosa, Alfredo Díaz, José Sánchez, Jenny Torres, Heivi Perdomo, Lino Sosa y otros.
Todos estaban preocupados porque, de concretarse la amenaza del funcionario gubernamental yaracuyano, quedarán sin su fuente de ingreso para alimentar a sus familias.
Algunas de las mujeres dijeron tener hijos y ser madres y padres por no tener maridos.
“Aquí no molestamos a nadie, por el contrario, colaboramos con los viajeros, sobre todo en las noches que no consiguen donde comer algo, beber café o descansar sin el temor de que los atraquen, porque aquí está la Guardia Nacional que representa seguridad”, manifestó Elisa.
Extraoficialmente se pudo conocer que el próximo mes será reactivado el peaje con el cobro a los conductores y desde la gobernación yaracuyana quieren encontrar todo el sector limpio de puestos y vendedores.
No entienden esos trabajadores que se les pretenda desalojar sin darles ninguna alternativa, sin ofrecerles algo donde puedan continuar con su labor.
El grupo pidió al gobernador Julio León Heredia reconsiderar la orden de desalojo, o al menos hablar con ellos para buscar una solución el problemas que para esa considerable cantidad de madres y padres, representa en quedar sin lo que por años ha sido su fuente de ingreso.
Aunque el plazo que les dió el Secretario de Seguridad Ciudadana de la gobernación vencía este viernes, hasta horas de la tarde no se había cumplido, aunque persistía el temor entre los afectados.
