Para sancionar y castigar los crímenes de corrupción en Venezuela, haría falta el saneamiento de las instituciones democráticas del país, especialmente del Poder Judicial.
Así lo advirtió el abogado y profesor universitario Carlos Lusverti, tras participar en el seminario «Justicia Transicional como garantía de Paz en procesos de Cambio Político», organizado por la ong Paz Activa.
«Básicamente hay que reconstruir el estado de Derecho, reconstruir instituciones imparciales e independientes que garanticen los derechos de las personas y que estén al servicio de la ciudadanía», señaló a El Impulso.
Como ejemplo que podría aplicarse a Venezuela en el marco de un proceso de transición y en el plano de la sanción a violaciones de derechos humanos, el académico se refirió al caso de Perú post Fujimori, como «la experiencia más cercana que tenemos».
«En Perú muchos casos de masacres ocurridas durante el gobierno de Fujimori tenían que ver con nexos y redes de corrupción que utilizaban el poder del Estado para granjearse impunidad. Así mismo, muchos casos de ejecuciones extrajudiciales, grupos parapoliciales y grupos exterminio que han sido conocidos sobre Venezuela en instancias como la Corte Interamericana de DDHH, están asociadas con redes de corrupción en los cuerpos policiales», señaló.
«Ciertamente hay una serie de vínculos donde ambos fenómenos se retroalimentan, y la revisión o el uso de los mecanismos de tutela de DDHH deben poner el acento en los nichos de corrupción que permitieron que pasaran esas violaciones», advirtió el también miembro de Amnistía Internacional.
Pese a lo señalado, más allá de las condenas a los Estados la aplicación de sanciones penales queda totalmente en las jurisdicciones internas con las garantías que puedan tener, porque no existe un sistema o tribunal internacional que procese especialmente hechos de corrupción. Lo que sí están a la mano son tratados que imponen obligaciones a los Estados que los suscribieron, tal como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que establece lineamientos y tendrá un efecto contundente en la recuperación del dinero robado, más que en la sanción penal del delito.
Bajo esta perspectiva, la tarea «depende fundamentalmente de la existencia de un poder judicial y un Ministerio Público independiente y autónomo que puedan hacer uso de los mecanismos que se tienen, de los tratados que existen, que realicen investigaciones independientes y sobre todo transparentes, para que puedan desplegar esta actividad y que puedan ser objeto de control por parte de la ciudadanía a partir del derecho de transparencia y acceso a la información», expresó Lusverti.
Recuperación de capitales
«Venezuela es el país donde más se ha saqueado el dinero público en la historia de la humanidad», expresó el profesor Antonio Canova al recordar que de acuerdo con lo trascendido en trabajos de investigación, en cuentas de bancos poco escrupulosos y paraísos fiscales existen alrededor de 350 mil millones de dólares depositados por venezolanos.
El especialista en derecho administrativo asegura que no es tan difícil recuperar estos fondos con base en protocolos internaciones planteados en la Convención de la ONU contra la Corrupción, aprobada en 2003 y ratificada por Venezuela en 2009.
«Obvio, esto lo hace el gobierno más corrupto del mundo porque piensa que nunca va a entregar el poder. Pero resulta que este tratado es muy útil y esta aquí, porque propone una serie de cambios legislativos, específicamente en temas de jurisdicción de las autoridades independientes necesarias para combatir la corrupción y acude a mecanismos judiciales innovadores», explicó.
Así mismo, Canova indicó que para articular procedimientos civiles en el extranjero con el fin de repatriar el dinero robado es necesaria la creación de un ente central en el país que lo requiere. Vale destacar, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional adelanta el proyecto de Ley de Repatriación de Bienes Producto de la Corrupción, que crea una estructura “especializada e independiente” del sistema de justicia y es para ser aplicada por un gobierno de transición.
