“La Resolución 008610 es un instrumento que vulnera los Derechos Humanos de los venezolanos y violenta el artículo 64 de la Constitución Nacional. Esta es un nueva arma que tiene el régimen de Nicolás Maduro para silenciar las voces que exigen libertad. Exigimos inmediatamente su anulación, a fin de evitar más muertes inocentes en el país”.
De esta manera se expresó el activista de la juventud de Voluntad Popular, José Manuel Zaa, quien acompañado de otros dirigentes entregó un oficio ante el Destacamento 121 de la Guardia Nacional Bolivariana en función de solicitar la derogación del citado instrumento legal emanado desde el ministerio de la Defensa para el control de las manifestaciones públicas.
“Es inconcebible que esta resolución permita el uso de las armas de fuego para reprimir las manifestaciones. Las contundentes consecuencias se empiezan a ver en la calle, tal y como lo fue con el asesinato del joven Kluivert Roa, a quien consideramos como la primera víctima del instrumento suscrito por el ministro de la Defensa, General Vladimir Padrino López.
El objetivo de la tolda deriva en la mediación del Teniente Coronel Henry Arellano, comandante del Destacamento 121, para que haga llegar las solicitudes de los jóvenes del estado.
“Buscamos que el Teniente Coronel sea portador de las voces del pueblo que está en zozobra por la represión desmedida del Estado desde febrero de 2014, cuando miles de ciudadanos tomaron las calles por la crisis política, económica, social y moral que enfrenta el país. Exigimos que se respete el derecho legítimo de protestar pacíficamente”.
En contra de la persecución
Por otro lado, Zaa expuso que en documento entregado también señalaron su preocupación por la persecución contra estudiantes universitarios que cumplen la labor de activistas dentro de las casas de estudio.
Conjuntamente, los jóvenes de las universidades autónomas y privadas de la región están en el proceso de recolección de firmas para la derogación de la citada resolución. Esperan contar con un gran número de rúbricas a fin de presentar ante organismos como el Ministerio Público y Defensoría del Pueblo su rechazo ante el instrumento que consideran como ilegal e inhumano.
