La integridad y los derechos fundamentales de empleados públicos municipales y nacionales, así como de efectivos de la Fuerza Armada Nacional, durante la extensión del proceso electoral, solicitaron este viernes representantes del partido Voluntad Popular ante la Defensoría del Pueblo del estado Lara.
Específicamente, en la solicitud se espera que el organismo garantice el derecho humano de pensar, elegir, asociarse libremente y participar, a todos los funcionarios de la administración pública de la nación y los municipios, de una manera “libre de toda coerción y coacción”.
Los representantes del partido denunciaron que tales acciones se realizan por parte de las cúpulas directivas de los entes públicos, donde se llevaría a los trabajadores a actuar en actividades proselitistas a favor del candidato Nicolás Maduro, dentro y fuera de instalaciones que pertenecen al Estado, bajo la amenaza de perder su empleo.
También esperan que los efectivos adscritos a los componentes militares puedan participar en la elección del 14 de abril, “sin que ello signifique expresión pública de su pensamiento bajo consignas que hagan desvirtuar el principio de unidad y preservación de la soberanía nacional, bajo el signo de la fuerza que ostenta la superioridad de la jerarquía castrense”, según reza el documento entregado ante el Poder Moral.
Asimismo, se pide que la Defensoría del Pueblo exija al Consejo Nacional Electoral y al Plan República en la región, cumplir con las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de Procesos Electorales y su Reglamento, a los fines de garantizar la transparencia de la administración electoral en el proceso y el orden y la paz ciudadana, “sin que se atropelle el derecho de los candidatos distintos al propuesto por el partido de gobierno (en referencia al PSUV)”.
Por su parte, Luis Paradas, dirigente regional de Voluntad Popular, aseguró que en el partido se solidarizan con todos y cada uno de aquellos empleados públicos, inclusive aquellos ciudadanos que esperan ser beneficiados con las misiones del Gobierno, “que han estado siendo víctimas de un constante chantaje y manipulación sobre la pérdida de su empleo, o una vivienda digna por no apoyar a una parcialidad política”.
La solicitud fue entregada por el abogado Leonardo Camacho y el dirigente José Alberto Gil, entre otros representantes del partido opositor.
