¡Por favor que no se publique mi entrevista! Espero que después de estas declaraciones no me tenga que buscar en el SEBIN.
“Puedo darle la información pero reserve mi identidad”, así se comportaron algunas fuentes de información, intimidadas y temerosas tras la detención del ingeniero Luis Vásquez Corro, quien luego de ofrecer su opinión de experto en materia eléctrica sobre la represa Guri, fue aprehendido y recluido en el Sebin por más de 40 horas.
El técnico fue puesto en libertad pero se le imputó el delito de falsas noticias, establecido en el artículo 296-A del Código Penal y la medida de presentación cada vez que el tribunal lo requiera, según el artículo 242, ordinal 9º del Código Orgánico Procesal Penal.
Vuelco de tuerca
Para Andrés Cañizález, experto en comunicación y democracia, lo ocurrido con el ingeniero se ha convertido en una constante. Ya ocurrió con un directivo del Colegio de Médicos de Maracay.
La libertad de expresión atraviesa un vuelco de tuerca, afirma.
En una primera fase, por llamarlo de algún modo, se le colocó un cerco a los medios de comunicación, por lo cual variaron su línea editorial. Un reducido grupo aun proporciona noticias que no agradan al Gobierno.
Existen temas que al ser abordados por los periodistas resultan incómodos. Aunado a esto, los impresos padecen un notorio recorte de papel y publicidad oficial. Ahora, las fuentes de información se han convertido en el blanco del Gobierno.
“Sin duda es un precedente grave para la libertad de expresión. El Gobierno quiere que esas voces expertas, que no son dirigentes políticos, si no ciudadanos documentados e informados en determinado tema, de experiencia profesional, no hablen o den su punto de vista”, expone el investigador de la UCAB.
Apunta que el Gobierno puede descalificar rápidamente a los actores políticos. Sin embargo, desacreditar a un especialista es mucho más complejo.
“Atemorizar al sector, hacia allá apunta la estrategia”, presume Cañizález.
Las opiniones o valoraciones de los expertos son el nudo o meollo de la libertad de expresión.
“Este hecho puede repercutir en otros voceros, quienes ante la probabilidad de verse detenidos, se autocensuran. Se pretende amedrentar a los voceros calificados, a la gente que maneja ciertas áreas del conocimiento para que no aporte su punto de vista y calle sus nociones ante el temor de encontrarse en un calabozo del Sebin, órgano que demostrado su comportamiento, cumple con una función netamente política”.
El director general de Medianálisis considera que casos de este tipo generan una onda expansiva, que le transmite a otros estudiosos y representantes de gremios que es preferible callar o tener sumo cuidado al momento de declararle al medio de comunicación.
Efectos en el ejercicio
Situaciones de este tipo le colocan trabas al oficio.
“Las fuentes oficiales están prácticamente cerradas. Esas fuentes no responden a determinados periodistas o medios. Incluso no hay estadísticas sobre ciertos índices, lo cual revela una tendencia a la opacidad por parte del Estado”, indica el comunicador.
No es posible, prosiguió, citar una fuente oficial porque no brinda información. Entonces se recurre a las fuentes independientes, las cuales sienten temor ante el riesgo de verse procesadas o imputadas. Esto acentúa el desafío de los periodistas, quienes deben ser muy cuidadosos al citar declaraciones.
Enormes pérdidas
Cañizález añade que esta realidad se traduce en una enorme pérdida para la sociedad. Cualquier punto de vista, venga de donde venga, debe ser recibido por el ciudadano.
“Así como la gente recibe las opiniones del presidente Nicolás Maduro y sus ministros, también debe tener la posibilidad de oír otras versiones para formarse su opinión particular sobre lo que ocurre en el país, ya que vivimos un escenario complejo económica, política y socialmente”.
El papel de los expertos es hacer proyecciones y formular perspectivas.
“El Gobierno aplica cualquier mecanismo para que solo se conozca su versión acerca de lo que ocurre. Los expertos pudieran sentirse coartados a la hora de cuestionar, comentar o analizar la realidad”.
Arbitrario
Desde el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) consideramos que la detención del ingeniero Vásquez Corro fue una medida arbitraria; en Venezuela no existe el delito de opinión, señala Mariengracia Chirinos, coordinadora de Libertad de Expresión.
“Todos tenemos libertad de expresarnos y de informar de manera clara, pertinente y oportuna sin ningún tipo de miedo, amenazas, presiones y muchos menos mecanismos arbitrarios a nivel de procedimientos judiciales. En este caso se efectuó un recurso a través de la acción del Sebin”.
Chirinos asegura que se trató de una actuación contraria a las disposiciones del artículo 57 de la Constitución.
Recordó que en agosto de 2012 se aprobó una reforma de regulación de las zonas de seguridad del sistema eléctrico que advertía algunos condicionamientos, incluso se admitía que la información del sistema eléctrico del país debía resguardarse en aras de la protección de la seguridad nacional.
“Sin embargo, la detención es contraria al artículo 57 de la Carta Magna y a los estándares internacionales de protección de la libertad de expresión en la cual no solo se está afectando a una fuente de información especialista, al periodista o medio de comunicación, si no que se le está restringiendo la información al ciudadano”.
Una sociedad más y mejor informada se traduce es una ciudadanía con mayores posibilidades para tomar decisiones en su vida cotidiana.
En caso de cualquier conflicto, en el cual pudiera estar en duda la información que ofrece una persona, el Estado canalizará esas inquietudes mediante su sistema de justicia, más no por la vía penal o judicial, acota la representante de IPYS.
“Son medidas excesivas que condicionan la información. Se aprecian niveles muy altos de afectación en el ejercicio periodístico. No solo se está afectando a una fuente de información por unas declaraciones, indirectamente se le infunde temor a todos aquellos ciudadanos que deseen expresarse o requieran ser consultados por un medio de comunicación”.
La autocensura, dijo, es el eslabón más alto que afecta al ejercicio.
Silenciamiento
Carlos Correa, director ejecutivo de la asociación civil Espacio Público, también califica como grave el caso del técnico barquisimetano, presidente de la Comisión Eléctrica del Colegio de Ingenieros.
Si por una declaración que da un experto sobre un tema que conoce, se le va a aplicar una acción represiva como la aplicada al ingeniero, ciertamente se genera un efecto de silenciamiento que inhibe a otros expertos a ofrecer declaraciones, analiza.
“Lo ocurrido no extraña. Este es un Gobierno que incluso censura su propia información, sobre los datos de inflación, por ejemplo. Ciertamente, es una manera de reescribir la libre circulación de ideas, es una manera de castigar a esos expertos que pueden aportar soluciones”.
A su juicio, estos hechos alejan cualquier solución a los problemas de fondo.
“El debate siempre contribuirá a que se genere más información sobre cierto tema y por lo tanto se tomen mejores decisiones. Esto afecta al ejercicio porque los periodistas tienen menos fuentes y uno de los elementos básicos del periodismo es contrastar”.
Tratar de validar las informaciones a partir del contraste cada día es más difícil. En consecuencia, los ciudadanos tendrán información de menos calidad. Básicamente, hay que superar distintos escollos para que la gente pueda expresarse, es en definitiva un retroceso, dijo.
Intimidación
Es natural que ciertos profesionales se muestren intimidados, infiere el abogado Pedro Troconis, coordinador del Foro Penal Venezolano.
Destaca que si esa será la nueva modalidad que aplique el Ministerio Público, los conocedores de la materia, se autocensurarán. Esto de imputar a aquellas personas que expresan informaciones con soporte fáctico y elementos que respaldan su información es grave.
“El delito de informaciones falsas, imputado al ingeniero Vásquez Corro, establece algo muy claro, que la información sea falsa”, subraya.
Es decir, debe partirse de ese criterio antes de detener a una persona y recluirla por más de 40 horas en el Sebin.
¿Realmente es falsa la información difundida por el medio impreso, radial o televisivo? Es lo primero que debió evaluar el Ministerio Público. De ser así, procede seriamente a comprobar esos elementos probatorios, explica el especialista en Derecho Penal.
“En este caso, se procedió a la aprehensión de una persona asegurando de entrada que su información es falsa. No hay ningún elemento que soporte eso porque no se presentaron alegatos en contrario, simplemente se procedió a la detención, posterior presentación ante un tribunal y calificación del delito sin ningún elemento que lo soporte”, reitera.
Hay que diferenciar muy bien entre lo que son informaciones falsas, que pueden ocasionar incertidumbre pública, y las informaciones suministradas con datos ciertos.
“Si se va a aplicar esta modalidad para decir que todas las informaciones que aparecen en los medios de comunicación son falsas, sin duda se quiere intimidar a un grupo de profesionales o no profesionales con conocimientos de ciertos asuntos para que no aporten ningún tipo de información porque corren el riesgo de ser aprehendidos en la calle por funcionarios de cualquier organismo de seguridad del estado. Claro que van a callar, esas son las consecuencias inmediatas ante lo ocurrido con el ingeniero”.
Troconis aclara que lo aportado por el técnico se mantiene vigente porque no se encontraron elementos en contrario.
“La colectividad pudiera perder información valiosa, contemplada en los principios de la comunicación veraz y oportuna. Si a alguien capacitado se le dice que su información es falsa, entonces la verdad absoluta la tendrá quien maneje el poder de ordenar la detención de esa persona”.
De mantenerse esta situación pudiera “extenderse la responsabilidad al periodista que publique la nota. A los efectos de una privativa de libertad es posible que la autoridad se invente una asociación para delinquir entre la fuente, el periodista y el medio. Esto es sumamente grave”.
