Víctimas rojas acaparan actuación del Ministerio Público

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«El Ministerio Público no tiene conocimiento de la remoción de ningún diputado», afirmó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, al ser consultada sobre la destitución de la diputada María Corina Machado, por orden del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.

«Los diputados no se remueven», agregó, con lo que avaló la justificación dada por el dirigente del PSUV al afirmar que la opositora «dejó de ser diputada» al aceptar un supuesto cargo del gobierno de Panamá.

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Así mismo, Ortega señaló que una comisión del Ministerio Público aún evalúa la denuncia formulada por la bancada oficialista contra Machado, por la supuesta comisión de «terrorismo», «traición a la patria» y otras acusaciones.

Por otro lado, informó sobre la designación del fiscal 6° con competencia Nacional para que investigue al alcalde de Maracay, Nelson Guárate (Voluntad Popular) en atención a las «pruebas» de su participación en «guarimbas» que consignó este jueves el gobernador del estado Aragua, Tarek El Aissami.

Justicia roja

37 fallecidos, de los cuales 29 son civiles y 8 funcionarios, fue el saldo que ofreció este viernes la titular del Ministerio Público, de los sucesos relacionados con las protestas políticas que se desarrollan desde el 12 de febrero. Sin embargo, hasta el momento los responsables de sólo 6 casos de homicidio han recibido acusaciones por parte del Ministerio Público.

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Por la muerte de la funcionaria del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) Karelis Chacón (Caracas, 7 de marzo), hay tres efectivos de la Policía de Chacao privados de libertad.

En Lara, Héctor Doménico Cusati Martínez, fue acusado por homicidio calificado por motivos fútiles e innobles, porte de arma de fuego, descarga de arma de fuego en lugares públicos, instigación pública e instigación al odio, en perjuicio de Arturo Alexis Martínez, hermano del diputado a la Asamblea Nacional (PSUV) Francisco Martínez.

En Táchira, un adulto y un adolescente son procesados por los delitos de homicidio intencional calificado por la muerte de de Dany Joel Malgarejo, fallecido el 22 de febrero en el marco de una riña cerca de una barricada. El gobernador de esa entidad, José Vielma Mora se refirió a este suceso como: «estamos hablando del asesinato de un chavista, de un revolucionario”.

En esa misma entidad, Henry Cabrera es objeto de una acusación por homicidio intencional en grado de frustración, en perjuicio de tres efectivos de la Policía Nacional Bolivariana.

En Carabobo, Víctor José Almeida recibió el cargo de homicidio intencional en grado de tentativa por disparar contra el militante del PSUV Aníbal Rafaél Hernández López, en el marco de una manifestación en la avenida Cedeño de Valencia. En esta misma locación fue asesinada la estudiante y modelo Génesis Carmona, pero por este caso no se reportan detenidos ni sospechosos.

En Sucre, el funcionario de PDVSA Rodolfo Carlos Pazzo fua acusado de homicidio intencional por motivos fútiles e innobles por atropellar al estudiante José Ernesto Méndez (17 años), en el marco de una protesta.

Vale destacar, por el asesinato del manifestante opositor Jimmy Vargas en San Cristóbal, quien fue impactado por una bomba lacrimógena que ocasionó que cayera de una azotea y muriera, el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento del caso por considerar que la muerte fue «accidental».

Por otro lado, Ortega informó que la Fiscalía presentó otras 14 acusaciones por delitos como instigación pública, atentados a medios de transporte, saqueos y otros contemplados en la Ley Desarme.

Actualmente hay 9 órdenes de aprehensión no ejecutadas, una de ellas contra uno de los presuntos homicidas de la intérprete de señas Adriana Urquiola.

Violación de DDHH

Igualmente, Ortega precisó que llevan adelante 81 investigaciones por presuntas violaciones de derechos humanos.

«2 son por presunta tortura, 75 por presunto trato cruel, 2 por presunto homicidio consumado y otros 2 por presunto homicidio frustrado», indicó.
María Alessandra Matute

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