Venezuela se retira el martes del sistema interamericano de derechos humanos, acusándolo de servir a Washington para agredir a su gobierno socialista y bajo protesta de organismos humanitarios que temen atropellos de libertades y cuestionan la independencia de la justicia local.
La medida entra en vigor un año después de que el Estado venezolano denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos por decisión del presidente Hugo Chávez -fallecido en marzo tras 14 años de gobierno-, con lo que se sale de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), asentada en San José.
«¡Ya basta! ¿Hasta cuándo nosotros vamos a estar con esta espada de Damocles? (…) La CIDH es un mecanismo que usa Estados Unidos contra nosotros», aseguró Chávez en abril de 2012.
Organismos de derechos humanos locales e internacionales pidieron al gobierno chavista de Nicolás Maduro dar marcha atrás a la decisión, pero el fin de semana el canciller Elías Jaua les señaló que es el sistema interamericano «el que tiene que rectificar».
«Mientras no haya una transformación integral (…) del sistema interamericano de derechos humanos, Venezuela no volverá a permanecer en él», advirtió Jaua.
Caracas asegura que la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -que evalúa las denuncias de ciudadanos cuando estén agotadas las vías internas y decide si eleva el caso al tribunal- son usadas por «el imperio» para torpedear a Venezuela y a los gobiernos progresistas.
Un día antes de que Venezuela salga de la Corte, representantes del líder opositor Henrique Capriles denunciarán ante la Comisión -con sede en Washington-, la elección del pasado 14 de abril que perdió frente a Maduro por un estrecho margen, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia declarara inadmisibles sus impugnaciones.
«Un mal precedente»
Venezuela se convierte en el segundo país en denunciar la Convención o Pacto de San José, el primero Trinidad y Tobago en 1998, y ahora estará en el pequeño grupo encabezado por Estados Unidos y Canadá que desconoce la competencia de la Corte.
«Venezuela está desconociendo sus compromisos internacionales y violando su propia Constitución (1999), que lo ancló a respetar tratados superiores y a garantizar derechos ciudadanos», dijo la AFP Raúl Arrieta, representante ante el sistema interamericano de derechos humanos en los primeros dos años del gobierno de Chávez hasta que fue destituido.
La Corte no podrá conocer violaciones a derechos humanos ocurridas después del martes -sí las que hayan ocurrido antes-, en tanto que la Comisión, a la que Caracas no permite visitas desde 2002, podrá seguir evaluando y emitiendo reportes sobre Venezuela con carácter informativo.
«Es una grave reducción de la tutela de las víctimas y en general de la protección de los derechos de los venezolanos», declaró a la AFP la directora ejecutiva de COFAVIC -una ONG humanitaria venezolana-, Liliana Ortega.
El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, pidió a los gobiernos del Mercosur -cuya presidencia temporal ejerce Caracas-, que actúen para evitar que se concrete la medida, a su juicio «grave» por ser «un país donde falta independencia judicial».
Amnistía Internacional calificó la denuncia de la Convención como una «afrenta» a las víctimas de violaciones a derechos humanos.
Ortega precisó que en Venezuela hay un «grave esquema de impunidad» con sólo el 3% de los casos de violación a los derechos humanos presentados ante un juez, y un «profundo déficit institucional» porque «no hay una separación de poderes del Estado».
«Nos encontramos frente a un percance histórico y político (…) El gobierno actual desea tener un poder absoluto sobre sus ciudadanos (…). No admite ningún tipo de control», declaró Pedro Nikken, expresidente de la Corte IDH, en entrevista con el diario Universal.
Historial de condenas
Venezuela ha recibido 15 condenas en la Corte IDH por casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de policías y militares, destituciones irregulares de funcionarios y violaciones a la libertad de expresión. Según reportes de la prensa local, 13 tienen pendiente las reparaciones a las víctimas.
La gota que derramó la copa fue una sentencia dictada por la Corte -con sede en San José- hace poco más de un año por malos tratos al venezolano Raúl Díaz Peña durante sus seis años de cárcel, condenado por participar en los atentados con bomba contra sedes diplomáticas de España y Colombia.
Otros casos emblemáticos son las condenas en 2011 por violación de derechos políticos a Leopoldo López, entonces presidenciable de la oposición, inhabilitado para ejercer cargos tras ser acusado por el gobierno de corrupción.
Venezuela también fue condenado por la masacre de 14 campesinos ocurrida en 1996, conocida como «El Amparo», y la represión policial y militar en la revuelta popular de «el Caracazo» (1989), que dejó cientos de muertos, así como ejecuciones cometidas por policías en 2001 y entre 1998 y 2012.
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