Venezuela calificó el viernes de intromisión inaceptable en los asuntos internos del país la declaración en la que Estados Unidos expresa su preocupación por lo que considera garantías insuficientes con que las autoridades procesan penalmente a más de 1.700 personas acusadas en relación a las protestas que dejaron 46 muertos este año en Venezuela.
La cancillería venezolana dijo que Washington «pretende desconocer a nuestras instituciones democráticas y los principios consagrados en la Constitución Nacional».
«Con este comunicado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, claramente soporta, y estimula las acciones de violencia y desestabilización contra nuestro pueblo», agregó.
En la víspera, la portavoz del Departamento de Estado, Marie Harf, expresó en un comunicado la preocupación de Washington por la falta de garantías procesales para los detenidos en relación con las protestas en Venezuela, en particular por los 70 manifestantes que permanecen encarcelados, entre ellos el líder opositor Leopoldo López y los alcaldes Enzo Scarano y Daniel Ceballos.
Harf acusó a la jueza a cargo del proceso de López de negarle sus solicitudes para presentar alegatos de defensa.
Washington acusó a Caracas de desoír los pronunciamientos emitidos a comienzos de año por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y seis relatores de la ONU sobre el presunto uso de procesos penales para castigar a manifestantes pacíficos, presuntas detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza contra algunos manifestantes.
