Directivos, profesores y estudiantes del Instituto Pedagógico de Barquisimeto (UPEL – IPB) realizaron una toma pacífica en las instalaciones de la academia en función de exigir mejoras estructurales, administrativas y operativas, así como también respeto al ejercicio de la profesión docente.
El conflicto detonó como consecuencia de la amonestación que recibieran seis profesores del Consejo Directivo por parte del Consejo Universitario, por la presunta violación de la Normativa del Reglamento de Evaluación Estudiantil al conceder la nota mínima aprobatoria al bachiller Julio Blanco, quien supuestamente había aplazado la asignatura de Fase de Integración Laboral, última materia de Educación Técnica y Mecánica Industrial.
Tal resolución fue rechazada rotundamente por docentes y estudiantes, quienes respaldaron al Consejo Directivo por actuar en función de resarcir el aparente daño que le había causado el profesor de la asignatura al bachiller por conflictos personales.
“Nosotros actuamos a favor del estudiante porque esperó más de tres años para que le subieran la nota al sistema. Además la documentación que presentó el profesor no tiene soportes de los planes de evaluación ni registro de las calificaciones parciales. Por estas situaciones el Consejo Directivo falló a favor del joven”, explicó Regina Tavares, subdirectora de docencia, quien además es una de las profesionales amonestadas por las autoridades universitarias.
Además de Tavares, fueron sancionados por escrito los profesores Oscar Chapman, Esteban Oliva, Sandra García, Eddie Romano y la bachiller Zandra Castillo.
También, el Consejo Universitario a través de la resolución designó a los profesores Pedro Timaure y William Díaz como representante principal y suplente de la jefatura del Departamento del Consejo Directivo.
Sin embargo, Tavares explicó que estas dos últimas acciones infringen la autonomía universitaria; además que podrían ser inhabilitados en futuros procesos políticos de la institución.
“Se nos sancionó sin habernos informado previamente la situación, lo cual viola el Derecho a la Defensa y al Debido Proceso”.
“Además, se designaron dos nuevas autoridades y se removieron los profesionales que estaban ejerciendo legalmente, lo cual infringe con nuestra autonomía de Consejo Directivo”, rebatió.
Problemas operativos y administrativos
Durante la mañana, los protestantes celebraron una asamblea con el profesor Nelson Silva, director decan de la institución, a quien le denunciaron las supuestas falencias de la academia.
Marianela Montaña, miembro del centro de estudiantes CRE – 9, reclamó que la universidad cuenta con servicios deficientes de comedor y transporte, así como una infraestructura deteriorada.
“El edificio de comedor sufre de filtraciones y la comida no es de la mejor calidad; con el transporte tienen deudas y a veces los conductores nos dejan varados; y la estructura de nuestra academia se cae a pedazos”.
La joven se preguntó sobre la existencia de los recursos extras que percibe la universidad por cuenta de la profesionalización, instancia académica de pregrado que cuenta con una cuota de pago diferenciada.
Asimismo, alega que la academia no puede exigir tal recaudación, debido a que los institutos públicos no pueden cobrarle a sus estudiantes en fase de pregrado.
En tanto, Adriana Segovia, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la UPEL (Sintraupel), adicionó que no han recibido respuestas a las supuestas irregularidades en los derechos de ascenso y clasificaciones del personal administrativo.
No hay suspensión
Por su parte, el profesor Nelson Silva, director decano de la UPEL – IPB, aclaró que no hay suspensión de actividades académicas y escuchó cada uno de los planteamientos emanados por los protestantes.
“En cuanto a los problemas de infraestructura, es un flagelo que venimos trayendo desde hace unos años por el déficit presupuestario en la universidad. Mientras que el comedor está una zona habilitada temporalmente, pues esperamos la construcción de un nuevo edificio por parte de la OPSU”.
Añadió, que los recursos que percibe la universidad por profesionalización y postgrado se invierten en proyectos de desarrollo para la academia, y que la administración de ese dinero pasa por una contraloría social de docentes y estudiantes.
Al consultarle sobre una posible reconsideración de la resolución del Consejo Universitario, respondió que los docentes implicados deben dirigirse directamente a la máxima autoridad académica.
