“No hay ningún tipo de duda con respecto a la interpretación de los artículos 29 y 30 del Reglamento de Interior y Debates del Concejo Municipal de Iribarren, en los cuales se habla de la incorporación del suplente convocado por el presidente, en caso de enfermedad o impedimento legítimo de un edil”, explicó Edinson Ferrer, presidente de la Asociación Venezolana de Concejales.
Esto lo expresó ayer durante su visita a Barquisimeto a propósito del caso del edil de la MUD, Marcos Romero, quien tras su renuncia continúa vacía la curul por la negativa de incorporación del suplente por las autoridades de la cámara municipal.
Precisó que indistintamente del tema en el cual se envuelve el informe médico presentado por el edil o la investigación que lleva su curso, la incorporación del suplente Ibrahim Querales es legítima y debe hacerse por respeto a las leyes.
Lucharán pacíficamente
Ferrer, quien también es secretario de organización nacional del partido Primero Justicia, fue consultado sobre cuál sería el accionar desde el punto de vista político y jurídico en caso de tratarse de una estrategia política de la bancada oficialista.
“Desde el punto de vista político Venezuela necesita que nos enfoquemos en distintos temas. Si se presentan otros escenarios cualquier abogado y el mismo consultor jurídico del Concejo Municipal puede saber y orientar el cumplimiento de la Ley por respeto a la voluntad de un pueblo que eligió a un principal y un suplente”.
Aseveró que en todo caso harán un esfuerzo para agotar todas las vías, tanto políticas como jurisdiccionales, actuando de manera pacífica y de ser necesario acudir a instancias como los tribunales.
“La MUD quiere ponerse de acuerdo en este tema, y no más confrontaciones que finalmente ellos quieren generar con este tema”.
Lamentó que el Gobierno nacional se sienta complacido en las actuaciones anárquicas de los funcionarios donde no se acata el cumplimiento de las leyes estable cidas.
Vecinos con derechos
Ferrer sostuvo un encuentro con concejales de la entidad larense, para promocionar una ordenanza aprobada en el municipio Sucre de la capital del país. Consiste en darle la propiedad de la tierra a los vecinos que la hayan habitado por más de 10 años.
Manifestó la intención de promover que los concejales de la MUD impulsen la política como una vocación de servicio para el ordenamiento de las ciudades en Venezuela.
