Empleados de distintos ministerios, instituciones municipales, regionales e inclusive de la empresas básicas de Guayana, han denunciado que están siendo obligados a firmar la carta realizada por el presidente de la República Nicolás Maduro en contra de las medidas tomadas por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
Así lo señaló este lunes el coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores (Unete), Servando Carbone, quien cuestionó este tipo de iniciativa realizada por el Gobierno nacional, pues a su juicio viola derechos constitucionales y laborales.
«Esta información viene directamente de los trabajadores que se encuentran en los diferentes ministerios, por ejemplo salud, alimentación, deporte, defensa, hábitat y vivienda, inclusive en el Saime nos ha llegado la información que para poder retirar un pasaporte o la cédula le están pidiendo a los ciudadanos que firmen», denunció.
Afirmó que desde la organización de trabajadores que representa, están en contra de cualquier injerencia venga de cualquier país que pretenda quebrantar a Venezuela.
«Unete rechaza cualquier injerencia del imperio y de cualquier otro país, como China, Bielorrusia, Rusia, Irán en los asuntos internos del nuestro país, nosotros creemos que esta controversia la ha aprovechado el Gobierno con su crisis diplomática contra Estados Unidos para desviar la atención de los temas que afectan a los venezolanos y a los trabajadores», sentenció.
Afirmó que los ciudadanos tienen problemas reales como el deterioro del salario, las condiciones de vida, la capacidad de compra, la inflación, la inseguridad, y a su juicio, el Gobierno nacional no está tomando los correctivos necesarios para sacar el país adelante.
«En el país existe un factor permanente de presión y acoso contra los trabajadores y esa situación se mantiene. Hace algunos meses fue publicada en Gaceta Oficial una nueva reorganización de los trabajadores públicos y a través de este decreto ejercen presión en el sector. La verdad la situación de los trabajadores públicos en Venezuela es muy complicada», sentenció.
Afirmó que los trabajadores no tienen ningún tipo de alternativas para denunciar por ejemplo «las amenazas de los superiores o la violación sistemática de la libertad sindical».
«La inspectorías del trabajo son del Gobierno, los tribunales son del Gobierno, el defensor del pueblo es del Gobierno y la Fiscalía es del gobierno por eso decimos que la situación de los trabajadores es sumamente complicada», dijo.
Finalmente indicó que el movimiento sindical venezolano de una vez por todas debe unirse para defender los derechos y los intereses de los trabajadores, y buscar la manera que el gobierno acepte las críticas y rectifique sobre todo en los temas económicos.
