Con el vicepresidente de la República, Nicolás Maduro, y el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, como invitados de honor, este lunes se llevó a cabo el acto de apertura al Año Judicial 2013, en el cual se dictaron nuevos lineamientos para la administración de la justicia “socialista” en el país.
En esta oportunidad la oradora de orden fue la magistrada de la Sala Civil, Isbelia Pérez Velásquez, quien, apoyándose en los fundamentos de la “teoría social” del filósofo alemán Jürgen Habermas, afirmó que la “soberanía del pueblo” debe estar por encima de los “formalismos”, y esto lo debe reflejar la administración de justicia.
Tales palabras cayeron en oídos de los numerosos invitados especiales que coparon el auditorio principal del Tribunal Supremo de Justicia, que estuvo tan lleno que excluyeron a los periodistas y equipos de prensa del amplio recinto, para ubicarlos en una terraza devenida en carpa donde había un televisor con la señal de VTV.
Quienes sí pudieron ser testigos del acto solemne fueron el máximo representante del Ejecutivo nacional en la actualidad, así como diputados, miembros del alto mando militar, gobernadores y alcaldes socialistas, y sobre todo jueces de todas las instancias y jurisdicciones del país. Así mismo, la fiscal general de la República, Luisa Ortega, la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, y la contralora general encargada, Adelina González quien además es la presidenta del Consejo Moral Republicano.
“Reformulación del Estado de Derecho”
Esta fue la audiencia que le sirvió de fondo a la magistrada Pérez, cuando se dedicó a cuestionar a quienes han cuestionado al TSJ, al referirse a los “muchos juristas y personas que no perciben que su entorno cambia constantemente”.
“El derecho evoluciona con el tiempo (…) Muchas de las nociones jurídicas que recibimos en tiempos de formación universitaria cambiaron o desaparecieron, en forma poco perceptible para algunos”, dijo en el marco de un discurso formal.
“Conceptos como democracia, derecho y justicia tienen una evolución desde sus inicios que se consustancian con el momento histórico de la realidad venezolana”, dijo.
De manera directa, la magistrada se refirió a la polémica levantada por la reciente decisión de la Sala Constitucional, que desestimó el acto de juramentación del Presidente de la República como condición para el ejercicio de su cargo y aplicó un principio de “continuidad administrativa” que permitió que el gabinete ejecutivo pudiera continuar en sus funciones sin ser ratificado por el jefe de Estado para el nuevo período constitucional.
“Por esa causa se han planteado recientemente discusiones en el mundo académico sobre la actual tendencia a la bifurcación por caminos distintos de los conceptos Estado de Derecho y democracia”, dijo.
En este sentido, para la abogada está claro que el camino a seguir es el que definió Habermas, a quien citó: “El Estado social viene estrechamente unido a una praxis del estado democrático de derecho”.
De acuerdo con la interpretación de la integrante del TSJ, esto se da mediante el privilegio del derecho subjetivo por encima de las normas: “Un acto con formalidades no es tan importante como una sentencia justa, que responda a la realidad de un pueblo”.
Así mismo, definió esta “nueva” realidad como la “que se inició a partir de 1999, con la aprobación por parte del pueblo, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual nos permitió cambiar nuestro destino y nuestro futuro”.
En su opinión, “la teatralidad de los procesos puede estar manipulada por intereses mezquinos”
En conclusión, la magistrada de la Sala Civil instó a los jueces y administradores de justicia a que “la próxima vez que vistan la toga no olviden que la esencia de la justicia está en un corazón limpio, no en el ejercicio formal desprovisto de sentido”, expresó.
Fotos: Williams Toledo/Reuters
