Súmate solicitó al Tribunal Supremo de Justicia pronunciarse sobre el recurso de nulidad por Inconstitucionalidad de la lista final de los seleccionados por el Comité de Postulaciones Electorales de 2009 para ser nombrados rectores del CNE, de la cual la Asamblea Nacional de ese año escogió y juramentó como rectoras principales del Poder Electoral a las ciudadanas Socorro Hernández y Tania D’Amelio.
El pasado 26 de noviembre de 2009, esta organización ciudadana exhortó a la Sala Político Administrativa de esta máxima instancia judicial de la República a impedir en ese momento la designación inconstitucional de Socorro Hernández y Tania D’Amelio como rectoras principales del CNE, por no cumplir con los requisitos de elegibilidad para estos cargos, ya que ambas eran militantes confesas y activas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), lo cual está prohibido por el artículo 296 de la Constitución de nuestra República (CRBV) y el artículo 9, numeral 4, de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE).
Para Súmate el hecho de que el TSJ no se haya pronunciado oportunamente ha permitido que las rectoras Socorro Hernández y Tania D’Amelio estén ejerciendo una autoridad en fraude a las normas constitucionales, por ser personas inelegibles en su origen, por violación del artículo 296 de la CRBV.
Explican que sus competencias están viciadas para el dictamen de resoluciones para la convocatoria de elecciones, la elaboración de normativas electorales, la fijación de las circunscripciones electorales, la inscripción de nuevas organizaciones con fines políticos, la administración del registro electoral y civil, la promulgación de autoridades electas por el sufragio de los ciudadanos, entre otras.
Desde el pasado 9 de febrero del año 2011 este recurso de nulidad por inconstitucionalidad se encuentra en fase de sentencia, por lo cual Súmate ejerció la sexta diligencia ante el TSJ, habiendo efectuado la primera el pasado 11 de agosto de 2011.
Súmate señaló que nadie puede comprender cómo la máxima instancia judicial esté en mora con la solicitud de justicia por parte de un grupo de ciudadanos, que aspira a tener rectores electorales imparciales e independientes.
