Una comisión de Voluntad Popular, encabezada por el doctor José Gregorio Zaá, solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo en el caso de la privación de libertad ilegal, arbitraria e inconstitucional de los gerentes del Sambil, registrada desde el 27 de agosto del presente año.
A tal efecto fue entregado un documento a la defensora delegada regional, Yris Rodil, a fin de que se avoque al conocimiento de la detención de Luis Roberto Suárez y José Guerrero Contreras, gerente de operaciones y gerente de seguridad del mencionado centro comercial, respectivamente.
La medida, explicó el Dr.Zaá, fue dictada contra los mencionados ciudadanos porque durante los días 15 y 16 de abril pasado, con ocasión de la protesta pacífica llevada a cabo por miles de personas a lo largo y ancho del territorio nacional, solicitando el recuento de los votos presidenciales, prestaron su ayuda a quienes resultaron lesionados al ser agredidos violentamente por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana.
En esa ocasión Barquisimeto fue una de las ciudades, donde las manifestaciones se desarrollaron con mayor armonía, respeto a la Constitución y al ordenamiento jurídico venezolano.
Sin embargo, los funcionarios militares dispararon bombas lacrimógenas, perdigones y hasta proyectiles de plomo, en una acción condenable contra indefensa personas que hacían uso de un derecho constitucional.
Los mencionados gerentes auxiliaron a gente que fue maltratada, golpeada y herida salvajemente, violentandoles a estas personas los derechos humanos más elementales.
En esa oportunidad fueron detenidos casi 70 jóvenes y presentados a los tribunales de control correspondientes, logrando todos ellos una medida cautelar, es decir, que no fueron privados de libertad, quedando obligados a presentarse cada quince días ante los tribunales, de acuerdo a lo que establece el Código Orgánico Procesal Penal.
Los gerentes fueron citados a declarar a la Fiscalía 5 del Ministerio Público del estado Lara, a cargo de la abogada Yurancy Arteaga, donde rindieron su declaración informativa.
Se presentaron en el momento requerido por el Ministerio Público para aclarar cuál fue su actuación durante esos acontecimientos, reiteró el Dr. Zaá..
Sin embargo, se les acusa de la presunta comisión de tres delitos: instigación, intimidación y asociación para delinquir, contemplados en el Código Penal así como en la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
En esa imputación que les hace el Ministerio Público cuando se libra una orden de captura, una vez que ya han declarado, y que han sido requeridos por los funcionarios del Cicpc, dichos gerentes fueron aprehendidos y puestos a la orden de la Fiscalía Quinta.
A las 24 horas fueron presentados al Tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del estado Lara, a cargo de la abogada Lina Rodríguez, juez suplente por cierto, procediendo esta funcionaria, sin cubrir los extremos que establece el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, inconstitucional e ilegalmente a privarlos de su libertad y enviados a los calabozos del Cicpc, en la Zona Industrial, de esta ciudad.
En el caso de los dos gerentes del Sambil se están utilizando los tribunales para amedrentar a quienes en determinado momento puedan prestar socorro, ayuda o auxilio a las personas que resulten lesionadas en manifestaciones de calle.
Lo más crítico es que estos ciudadanos han sido enviados a unos calabozos sin haber cometido ningún delito, pues, lo que hicieron fue un acto humanitario, como fue auxiliar a quienes estaban muy mal heridos.
Es por eso que además de entregar el escrito a la Defensoría del Pueblo, estamos haciendo un llamado al pueblo a sincerarnos con dicha actuación y no nos olvidemos que estos dos gerentes son víctimas de la injusticia.
Detalles que deben ser conocidos
Para que concurra una medida privativa de libertad deben darse tres requisitos que exige el artículo 236 del Código Orgánico Profesal Penal: En primer lugar, la comisión de un hecho punible; segundo, que existan elementos de convicción para presumir que los imputados han sido partícipes o han cometido el hecho punible correspondiente; y tercero, que exista una presunción razonable, de acuerdo a las circunstancias del peligro de fuga, explicó el Dr. José Gregorio Zaá..
El Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 237 presume lo que es el peligro de fuga. Son cinco los supuestos: 1, tiene que ver con la entidad del delito; es decir, la pena aplicable del caso; 2, la magnitud del daño causado; 3, lo que es el arraigo que tienen los imputados en la ciudad; en este caso, son trabajadores con sus familias debidamente asentadas en la jurisdicción del estado Lara; 4, la conducta predelictual, que es otro delito; pero estos ciudadanos no tienen récord policial ni penal; y 5, que ellos hayan colaborado con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos. En este caso se está judicializando la protesta.
Advertencia a la población
El Dr. José Gregorio Zaá aprovechó la presencia de los medios para lanzar una advertencia a la población, para que ésta se encuentre pendiente de los casi 70 jóvenes que deben estar presentándose a los tribunales, porque todavía no ha sido elaborado el acto conclusivo por parte de las fiscalías que conocen de los casos.
Esos jóvenes han sido acusados y se espera que en los próximos días pueda llevarse a cabo la audiencia, ya que existen expedientes en diferentes tribunales que conocieron los hechos del 15 y 16 de abril cuando se realizaron las manifestaciones públicas, pacíficas y acatamiento de la Constitución, en las inmediaciones de la sede del Consejo Nacional Electoral cuando se pedía el reconteo de los votos, que es un derecho legítimo y constitucional; pero, que fue irrespetado por la Guardia Nacional Bolivariana que utilizó todo tipo de armamen to, incluyendo tanquetas, para atacar a quienes se habían echado a la calle para exigir algo muy lógico y sensato, manifestó el conocido profesional del Derecho. El llamado es para ser solidarios con estos jóvenes, porque lo que hicieron fue exigir democracia.
