Sin tregua – El Gobierno quiere guerra

Dar unos pasos hacia atrás es válido ante un peligro inesperado. Pero correr en dirección contraria al futuro es una anomalía. Especialmente si ese movimiento retro lleva a un país hacia el pasado. A un lugar de retorno donde, junto a otras consecuencias, se imponen conductas arbitrarias disfrazadas de lucha de clases.
Las recientes decisiones gubernamentales, a pesar de su aparente carácter ofensivo y su real efecto agresivo, marcan una fase de involución del proceso que sus seguidores no pueden ignorar. El poder se ha visto obligado a dejar funciones del Estado como la de laborar por el interés general, asegurando un funcionamiento imparcial y equilibrado entre los componentes de la sociedad. Abandonar expresamente el camino del consenso y mantener un enfrentamiento del Estado contra la mitad de la sociedad tiene fuertes costos políticos.
Desafortunadamente el nuevo “líder” del proceso, embistiendo contra la Constitución Nacional y esa mitad del país, busca atajos para avanzar ilegalmente hacia el modelo del socialismo anacrónico legado por el desaparecido ex presidente Chávez. Ha cruzado la línea que separa el territorio de la democracia del enclaustramiento totalitario. Pero como este tipo de régimen autoritario también aprende, la cúpula roja no permanece en un solo lado. Se mueve entre ambos para usar a conveniencia los medios ventajosos que ofrece cada uno.
Maduro no anda a tientas. Está aplicando sistemáticamente el plan que la mayoría de venezolanos rechazara al difunto Chávez. La prioridad es cimentar las bases para un ciclo de dominación de larga duración. Y sería trágico ignorar los puntos acumulados a favor de perpetuarse en el poder bajo el ropaje de formalidades que exigen las democracias y la comunidad internacional.
La devastación constitucional consiste en derrumbar principios fundamentales como la cooperación entre los distintos niveles de gobierno y la naturaleza federal del Estado, cuya concreción más relevante es la descentralización. La remetida contra gobernadores y diputados que tienen una visión de país alternativa a la que nos pretende imponer es la más feroz negación de la voluntad popular y el más desnudo reflejo de la tentación totalitaria que ha tomado cuerpo en el seno del proceso.
La agresión recentralizadora, que busca consolidar el control del gobierno sobre el Estado y de éste sobre la sociedad, contiene varios propósitos respecto a la fuerza democrática de cambio. Uno, intimidarlas, crear desesperanza. Otro, inducirlas a radicalismos no democráticos parea aislarlas y reducirlas más fácilmente.
El gobierno quiere guerrear, pretende prender una chispa para acusar a otros de incendiar la pradera.
Hay que actuar con inteligencia democrática en los tiempos que corren, dar respuestas organizadas, impulsar la defensa legal y el debate frente a sus pretensiones. Nuestra arma es todavía una honda frente al Estado Goliat.