Uno de los actos antidemocráticos y antipopulares de la AN actual, es haberle concedido mediante “leyes habilitantes” todo el poder al Presidente, que no al pueblo. A través de la delegación de su facultad legislativa al Ejecutivo Nacional, este disparó de pronto un paquetazo de 28 leyes en una sola noche impidiéndole al país conocer el contenido de las mismas y, peor aún, le bloquean el derecho a hacer un seguimiento al debate que en un parlamento normal, es decir, plural, en los medios de comunicación y en la calle, debía hacerse de tales leyes. Cuando los proyectos de leyes se discuten en el parlamento – aquí y en cualquier país – el proyecto inicial se discute varias veces. Se va modificando en el análisis hasta llegar al debate final, generalmente a lo largo de varios días o semanas. Y el pueblo va informándose, opinando, participando e incluso presionando si fuere el caso. Pero con la habilitante “Cabello-madurista” ese debate y análisis se da a escondidas, a espaldas del pueblo, a puerta cerrada en Palacio, dentro del grupito que forcejea y negocia sus propios intereses. Para colmo, insisto, ametrallando al país con 28 leyes ocultas “de un solo trancazo” y al límite de lo legal.
Y aunque hay muchos aspectos que no hemos podido analizar ni hemos leído o escuchado suficientes opiniones, llama la atención la tendencia en varias de esas leyes para fomentar la censura, para “resolver” algunos problemas silenciando la denuncia en lugar de enfrentar lo que anda mal. Por ejemplo ¿Qué significa eso de que el Presidente pueda decretar como “secreto” un caso de corrupción, sus investigaciones y expedientes? ¿Significa acaso que pretende criminalizar, perseguir, incriminar, censurar, por ejemplo, una investigación periodística que le iba permitir al país conocer testimonios y pruebas de un grave caso de corrupción?¿Eso no sería acaso encubrir la corrupción en lugar de combatirla? ¿Eso no llevaría a que solo se sancionen los casos de corrupción que le convenga a quien detenta el poder?.
Lo del “Ciberterrorismo” luce también como una excusa para fomentar la censura. ¿Quién califica que es terrorismo? Porque ya hemos visto como protestas sociales, denuncias, luchas obreras, reclamos de calle y hasta “comprarle unas empanadas a estudiantes que protestan”, son calificadas por el gobierno como “terrorismo” y “planes desestabilizadores golpistas”. Es decir, es este un gobierno que criminaliza todo lo que no sea rendirle pleitesía. Al Banco central de Venezuela se le prohíbe los informes mensuales de inflación, escasez, desempleo y otros “ para impedir la guerra económica”. En lugar de solucionar el desastre económico pretenden que no se hable de él. Silenciar es lo que les quita el sueño. La tendencia del gobierno, es pues, reducir las libertades públicas, convertir en delictiva toda oposición, no sólo la política sino incluso la de la protesta social. A controlar los medios de comunicación mediante la “Hegemonía Comunicacional”. A quitarle voz al pueblo. Y entonces ¿Qué hacer? Pues ganar de manera contundente la Asamblea Nacional. es la institución que puede poner las cosas en su sitio y el 2015 tenemos esa oportunidad.
