La Cámara de Comercio de Caracas, a través de un comunicado público, sentó posición sobre las últimas medidas anunciadas por el gobierno nacional que decidió activar una fiscalización masiva de precios en todo el país.
En este sentido, recuerdan que el impulso a la actividad económica interna y el éxito de cualquier política que busque incrementar la productividad de las empresas, la generación de empleo y la satisfacción de las necesidades colectivas, en términos de producción de alimentos, bienes y servicios en general, está directamente vinculada al respeto del gobierno a la libertad de empresa.
«Las medidas intervencionistas son contrarias al discurso oficial que dice buscar estimular la producción», sentencian.
Señalan que el intento de calificar a los empresarios entre “buenos” y “malos” es absurdo.
«Lo que hay son buenas o malas políticas para promover el crecimiento económico. Tal y como lo ratifican todos los estudios internacionales, nuestro país está hundido en medidas que deliberadamente impiden el crecimiento empresarial y el crecimiento el país. Es urgente revisar y modificar todas las medidas que asfixian y paralizan al país», sugieren.
La Cámara de Caracas asimismo advierte que el contenido actual de la Ley Orgánica de Precios Justos, en lugar de activar al aparato productivo y corregir las distorsiones que conlleva la inflación y la devaluación, lo que ha hecho es perjudicar a los comerciantes, a los empresarios y a todos los venezolanos
«Esta ley y el régimen cambiario actual son los torniquetes que van a terminar por gangrenar la capacidad productiva del país, sometiéndonos a todos a una inmerecida precariedad. El gobierno podría enfrentar una crisis de gobernabilidad que puede evitar con las rectificaciones y la formulación de los consensos necesarios», puntualiza el comunicado.
Al mismo tiempo rechazaron las declaraciones que intentan vender «la falacia de que quien esté “contra las fiscalizaciones y los precios justos, demuestran su apoyo a especuladores y contrabandistas”.
Finalmente aseguran que la gran mayoría de los comerciantes, personas jurídicas y naturales, actúan ajustadas al ordenamiento jurídico y, tienen la mayor disposición de colaborar.
