Sexualidad y procreación, derechos de libre ejercicio

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Los derechos sexuales y los derechos reproductivos son componente fundamental de los derechos humanos y su garantía es requisito imprescindible para el goce de una vida plena y libre, según se explica en el Estudio sobre las condiciones legislativas, institucionales y sociales para el reconocimiento, protección y ejercicio de los derechos y la salud sexual y reproductiva en Venezuela, elaborado por tres organizaciones del país.

La investigación forma parte del proyecto Hacia una construcción colectiva de políticas públicas en derechos y salud sexual y reproductiva en la República Bolivariana de Venezuela, que desarrollan la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), Acción Ciudadana Contra el Sida (Accsi) y Aliadas en Cadena, con el financiamiento de la Unión Europea.

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Los resultados del estudio fueron divulgados recientemente en el estado Lara, durante una actividad realizada en alianza con Alaplaf, en la cual participó Magdimar León Torrealba, directora de Avesa, quien explicó que el objetivo es “evidenciar las debilidades y barreras que impiden el reconocimiento, la protección y ejercicio de los derechos y la salud sexual y reproductiva en el país, difundir los resultados entre los actores claves y la sociedad general, a fin de que sean utilizados como herramientas para identificar hacia dónde enfocar las políticas públicas en esta materia en Venezuela”.

Se analizaron cinco  temas importantes: embarazo en la adolescencia, mortalidad materna, Vih/SIDA, violencia contra las mujeres y diversidad sexual, gracias al desarrollo de una investigación documental sobre el marco legal vigente y las garantías de los derechos, y a un trabajo de campo, realizado en marzo de 2013, en el que resultaron encuestadas 1.158 personas, mayores de 18 años, de cinco estados:  Mérida, Aragua, Lara, Miranda, Zulia y Distrito Capital.

El fruto del esfuerzo fue organizado en seis tomos reproducidos en discos (CD) que fueron entregados a los medios de comunicación que acudieron a la presentación, realizada en el Centro Gumilla de Barquisimeto.

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Los derechos sexuales y reproductivos van de la mano con el derecho a la salud, según el estudio. “Constituyen el marco ético que permite el ejercicio de una adecuada salud sexual y reproductiva, además se encuentran protegidos por los principios transversales de los derechos humanos de la igualdad y la no discriminación”.

Destacan que los avances científicos y sociales, la lucha de los grupos feministas por los derechos de las mujeres, los nuevos conceptos integrales de salud y las nuevas corrientes jurídicas de los derechos humanos, han contribuido al establecimiento de nuevos parámetros para valorar y apreciar la sexualidad y la reproducción humana como parte de la salud integral, a la cual todas las personas tienen derecho.

Este aspecto también abarca áreas como el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de pensamiento y de conciencia, la libertad de expresión de información, la libertad de reunión y asociación, entre otros. Su base jurídica descansa en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como en distintos tratados, convenciones y declaraciones internacionales.

“En Venezuela, no tenemos un instrumento jurídico que unifique los derechos sexuales y los derechos reproductivos; sin embargo, su reconocimiento se sustenta en lo establecido en la Constitución Nacional, en códigos, leyes, decretos y otras disposiciones”. De allí que la propuesta es elaborar y aprobar  una Ley en Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, que además de abordar los avances en la materia también incluya las brechas a superar.

“En el país existe un amplio reconocimiento de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, pero dicha premisa no se encuentra unificada. En general, hay un mayor reconocimiento de los derechos reproductivos que de los derechos sexuales, con un énfasis en la protección al embarazo y la maternidad, y muy pocos avances con respecto al derecho de las mujeres a decidir sobre sus funciones reproductivas y su sexualidad o sobre derechos de las personas de la diversidad sexual”.

El aborto, la discriminación de género o de orientación sexual y la autonomía reproductiva, son las principales brechas que se deben superar en este tema.

“En Venezuela el embarazo adolescente constituye un problema social y de salud grave, ya que se registra la más alta tasa entre los países de América del Sur. No se ha logrado disminuir el índice pese a la existencia de un marco normativo favorable y de iniciativas valiosas, esto se debe a una serie de limitaciones asociadas a la falta de coordinación interinstitucional, insuficientes servicios de orientación y atención en salud, poco acceso a métodos anticonceptivos”, entre otros elementos que se mencionan en el estudio.

El 90% de los consultados está consciente que un embarazo en menores de 15 años constituye un riesgo para su salud y un poco más de la mitad (54%) considera que las adolescentes no deben mantener  relaciones sexuales. “Se perciben resistencias culturales para aceptar que los adolescentes pueden ser sexualmente activos, lo que impide que reciban una educación sexual que les permita tomar sus propias decisiones. El inicio de las relaciones sexuales debe ser una decisión responsable e informada”.

Decisión responsable e informada

La población consultada en la investigación de Avesa, ACCSI y Aliadas en Cadenas, refleja que existe un mayor reconocimiento de los derechos reproductivos que de los derechos sexuales, con un énfasis en la protección al embarazo y la maternidad.

Doce son la clave

El Instituto Interamericano de los Derechos Humanos identifica y señala los doce derechos reproductivos de las personas, ellos son:

-Derecho a la vida.

-Derechos a la salud.

-Derechos a la libertad, seguridad e integridad personal.

-Derechos a decidir el número e intervalo de hijos.

-Derecho a la intimidad.

-Derecho a la igualdad y a la no discriminación.

-Derecho al matrimonio y a fundar una familia.

-Derecho al empleo y a la seguridad social.

-Derecho a la educación.

-Derecho a la información adecuada y oportuna.

-Derecho a modificar las costumbres discriminatorias contra la mujer.

-Derecho a disfrutar del progreso científico y a dar su consentimiento para se objeto de experimentación.

En tal sentido, en el primer capítulo de la investigación de Avesa, Accsi y Aliadas en Cadena, se describen cómo está Venezuela respecto al reconocimiento del estos derechos por parte de los ciudadanos.

 

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