El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró que el histórico acuerdo sobre la justicia transicional que se le aplicaría en el proceso de paz con las FARC debería motivar a los guerrilleros del ELN para que «no los deje el tren de la paz».
«Debería motivarlos. No puede ser que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se quede como la última guerrilla de América, peleando contra la voluntad y anhelo de paz de un país. Como les he dicho muchas veces: ojalá no los deje el tren de la paz», dijo Santos al diario El Tiempo.
El mandatario aseguró que «el 2016 será el año de la paz en Colombia» y precisó el acuerdo alcanzado con los negociadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas) «garantiza que no habrá impunidad frente a los delitos más graves cometidos con ocasión del conflicto armado interno».
«Creo que alcanzamos un acuerdo que fue más allá de las expectativas de la mayoría, porque logramos hacerlo respetando los lineamientos del derecho internacional y nuestra propia Constitución», sostuvo Santos.
El pacto sobre justicia firmado en La Habana contempla la creación de un tribunal especial para los responsables de graves violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado, pero también prevé amnistías e indultos para delitos políticos y conexos.
Santos afirmó que los desmovilizados que resulten condenados pagarían sus penas en lugares específicos y agregó que «en ningún caso se trata de un municipio o una región, como se ha dicho».
«Tiene que ser un lugar preciso, yo me imagino unas instalaciones austeras, desde donde, con la debida autorización del organismo de vigilancia y control, puedan desarrollar o hacer actos de reparación a las víctimas», indicó Santos.
El presidente enfatizó que estos sitios contarán con vigilancia y que los cabecillas de las FARC que reconozcan su responsabilidad en los delitos más graves «tendrán sanciones con restricción efectiva de la libertad entre 5 y 8 años. Y si no lo hacen, podrán pasar hasta 20 años en prisión».
Santos indicó que los integrantes de las FARC, incluidos sus máximos jefes, podrán tener participación política «con todas las garantías para su vida», pero dependiendo «de que hayan dejado las armas» y «se haya definido su situación jurídica».
